Desde el inicio de la democracia, y sucesivamente, se han promulgado la LODE, la LOPEG, la LOCE, la LOGSE y la LOE, y ahora, fragmentando definitivamente el sistema educativo español, aparece la LEC, la Ley para la Educación de Cataluña, que no sólo rompe el ya de por sí depauperado o degradado panorama educativo, sino que se construye con las ínfulas de la creación de una “escuela catalana”, en lengua y contenidos, llevando hasta sus últimas consecuencias el ideal nacionalista: educación, lengua, cultura e identidad, lo que hace inviable definitivamente, y si el Tribunal Constitucional no lo remedia, el necesario y deseado Pacto de Estado sobre la Educación.La situación a la que nos aboca el Estatut y la LEC es completamente absurda y asfixiante. Una vez instaurado el dogma nacionalista de que la lengua catalana es el instrumento de la cohesión social para todos los ciudadanos que viven en Cataluña, se expulsa el español de las escuelas y se consigue que no se pueda escolarizar en una parte del territorio nacional, Cataluña, en el idioma común a todo el Estado, el castellano.
Es falso y constituye una hipocresía el sostener que la inmersión lingüística es una forma de “ascenso social” para los emigrantes, cuando se da la paradoja de que los hijos de la clase política que ha impuesto esta ley se educan en colegios de élite privados y trilingües, donde la inmersión, precisamente, se produce en idiomas extranjeros.
Una de las cosas más graves que a mi juicio pretende esta ley no es ya su inconstitucionalidad, que es grave, sino la pretensión de desafectar a la mayoría de la población de su propio idioma. Uno de los términos que se utiliza en el Estatuto -y que recoge la LEC- es el de la lengua “propia”, naturalmente para su defensa, siempre y cuando ésta sea el catalán. Sin embargo, se olvida que más de la mitad de los catalanes tenemos como lengua materna y familiar el castellano, que es nuestra primera lengua, sin que ello sea un demérito para nadie.
Es vergonzosa la declaración de Ángel Gabilondo, ministro de Educación, quien, lejos de analizar las consecuencias de la LEC, afirma: “cada familia, dentro de la organización del centro, ha de seguir las disposiciones legales, que es la asunción de esa lengua vehicular. Quiere decir que la enseñanza está tramada o articulada en torno a una lengua y a partir de ahí, la ley garantiza el conocimiento de otras”. Bonita defensa de un ministro socialista de los derechos de los ciudadanos. Francamente, estoy cansada de que me digan, incluso, en qué idioma tengo que pensar y me parece terrible que una ley del siglo XXI imponga la inmersión lingüística en todos los ámbitos de la vida del menor, aún en contra de la voluntad de los padres, llevando la ingeniería social a unos extremos más propios de un sistema totalitario que de un Estado Social y de Derecho (artículo 1 de la Constitución Española).
Esta Ley, que se ha hecho contra la inmensa mayoría del profesorado, representada por sus sindicatos, que no ha concitado siquiera y por primera vez la unanimidad del gobierno tripartito catalán (que viene a soslayar las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y por el Tribunal Supremo sobre la tercera hora del castellano y la obligatoriedad de la existencia de la casilla en la preinscripción para la elección de idioma en la primera enseñanza) es una ley claramente ideológica, y que blinda con rango de Ley en la práctica el catalán como la única lengua en la escuela, lo que debería ser combatido políticamente por todos aquellos que aún mantengan un mínimo de sentido común.
Por ello, me parece incomprensible que el Partido Popular de Cataluña, que presume de ser el único partido nacional que queda en Cataluña, para no incomodar a CiU, no acuda al Tribunal Constitucional. Ya está tardando.
Ciutadans va a dar la batalla y solicitará el auxilio al Defensor del Pueblo; ahí nos encontrarán todos aquellos ciudadanos que piensan en ello.
TÚ LO PIENSAS, NOSOTROS LO DECIMOS.
Carmen de Rivera, Diputada de C’s y miembro del Comité Ejecutivo.
