Francesc de Carreras: Los legisladores del Parlamento autonómico sabían que el Estatuto de Autonomía no era constitucional

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Ayer tuve la oportunidad de escuchar a mi amigo el profesor Francesc de Carreras, con motivo de la didáctica conferencia que impartió en el ICAB, bajo el título: "Después de la sentencia: el Estatut ¿es constitucional o inconstitucional?"

Os transcribo aquí la crónica realizada por La Voz de Barcelona.

Francesc de Carreras asegura que la sentencia del TC era “previsible” y que los políticos solo escucharon a los juristas que les decían lo que ellos querían oír.

“La sentencia del Tribunal Constitucional deja las cosas como estaban”. La “sentencia” es la que hace referencia al Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, y las “cosas como estaban” es el Estatuto de Autonomía de 1979. Son palabras del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Francesc de Carreras que, tras un pormenorizado análisis de la sentencia del Alto Tribunal, asegura que “ha sido un viaje para nada”.

De Carreras realizó, este jueves en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), un extenso e ilustrativo resumen de las consecuencias, tanto jurídicas como políticas, de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto. Tras citar punto por punto, tema a tema, los retoques del TC al texto aprobado en 2006, a saber: término nación, pueblo catalán, derechos históricos, Estatuto como Constitución de Cataluña, Consejo de Garantías Estatutarias, Síndic de Greuges, régimen local, Poder Judicial, régimen lingüístico y competencias, el especialista en la materia concluyó que “de todos los objetivos de los nacionalistas, no se ha conseguido ninguno”.

Políticos mal aconsejados

En este sentido, De Carreras recordó que el TC, siendo “el último intérprete de la Constitución”, ha “alterado el sentido del Estatuto” y las “finalidades que pretendía”. Pese a que no es un sentencia extensa y solo reconoce 14 artículos nulos, el Alto Tribunal sí establece “una doctrina en los fundamentos jurídicos” para casi un centenar más de artículos. Algo que, para el catedrático en Derecho Constitucional, era “previsible”, pues “la mayoría de las argumentaciones son en base a otras sentencias anteriores” y no le parece que sea una sentencia “innovadora”. ¿Entonces, esto se sabía cuando se aprobó el texto estatutario en el Parlamento de Cataluña? Sí.

“Los políticos han estado mal aconsejados” y “entre políticos y juristas” hubo una connivencia que se retroalimentó. ¿El origen? El estudio del Instituto de Estudios Catalanes (IEC) que argumentaba, lejos de la realidad jurídica, los pasos y la dirección a seguir en la reforma del Estatuto de Autonomía de 1979. Los políticos, dijo De Carreras, “solo llamaron a consultas a los juristas que decían lo que querían oír”. ¿Y qué decía el informe del IEC? Que modificando los estatutos de autonomía se modificaba el modelo de las CCAA, es decir, que modificando un estatuto -Ley Orgánica del Estado- se modificaba la Constitución, y que la letra de 1978 se podía interpretar en 2006 de manera distinta.

Sin embargo, como apuntó el catedrático de Derecho Constitucional, ni el informe, ni los políticos que se embarcaron en la reforma estatutaria tuvieron en cuenta -o no quisieron tenerlo en cuenta- que el TC ha ido creando jurisprudencia desde 1978, además de las leyes que las Cortes Generales han ido aprobando desde entonces, y que, si bien esta jurisprudencia puede cambiar, y de hecho cambia, “es insensato pensar que puede cambiar en tantas cosas en una sola sentencia”.

Por lo tanto, en la sentencia del Alto Tribunal, el máximo garante en temas constitucionales, recuerda a los muñidores del Estatuto -tanto diputados autonómicos, como congresistas y senadores- que los estatutos son leyes orgánicas pero “no son casi una Constitución”, que hay categorías -competencias- constitucionales que no pueden quedar definidas en los estatutos de autonomía, que los estatutos no pueden “vulnerar el contenido de leyes que no estén reguladas por los estatutos” -es decir, no pueden limitar leyes nacionales- y que, entre otras cosas, el derecho a la autonomía “está limitado a lo que determina la Constitución”.

“Inestabilidad democrática”

De Carreras, ante un auditorio de más de cincuenta especialistas en la materia -entre los que se encontraba la diputada autonómica de Ciudadanos, Carmen de Rivera, y el secretario general de este partido, Matías Alonso-, sí señaló dos puntos que considera importantes, tras la sentencia. Uno, el que se refiere al “gran perjudicado” en todo este proceso. El Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista del catedrático de la UAB, el TC ha salido tocado por el acoso de políticos y medios de comunicación a su función (tarea, por otro lado, que no ha sido retrasada más que con otras sentencias). Y, otro aspecto que considera a tener en cuenta, la “inestabilidad democrática” que los poderes públicos, sobre todo los autonómicos en Cataluña, pueden crear.

 

En este sentido, De Carreras mencionó expresamente el régimen lingüístico, señalando que el Parlamento de Cataluña “debería rectificar o cambiar las normas que son contrarias a la sentencia” y se han ido aprobando. De Carreras pidió a los diputados autonómicos que actúen con “lealtad” a la ley, pues, recordó, “las sentencias del TC son vinculantes para todos pero, sobre todo, para los poderes públicos”.

Finalmente, propuso una reforma constitucional, con el lógico entendimiento entre PSOE y PP, “que impida estatutos como el pretendido desde Cataluña”, estabilice el Estado de las Autonomías y se reforme el Senado. Y, en relación al concierto económico demandado recientemente por CiU de cara al 28N, De Carreras -que advirtió que un sistema mediante el cupo no tiene por que ser necesariamente injusto- señaló que no es posible para Cataluña pues se basa “en virtud del derecho foral”, solo atribuible a las tres provincias del País Vasco y a Navarra. Es, en palabras del catedrático de Derecho Constitucional, una manera más de CiU de crear “victimismo” porque Artur Mas lo propone “sabiendo que es imposible”.