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La diputada de Ciutadans (C’s), Carmen de Rivera, ha manifestado su satisfacción tras la aprobación de la moción que presentó C’s subsiguiente a la interpelación al Govern sobre las medidas previstas para incentivar la venida de jueces de otras comunidades autónomas: “Gracias a C’s estamos en el camino de obtener un compromiso del Govern para ayudar a paliar la saturación de la administración de Justicia en Cataluña, motivada por la grave carencia de jueces”.
La diputada de Ciutadans (C's), Carmen de Rivera, ha exigido a la consellera de justicia Montserrat Tura que aplique medidas para evitar la falta de jueces en Cataluña, y alerta: “Las oficinas judiciales están colapsadas debido a la falta de jueces. Es muy preocupante que en la última convocatoria de jueces, sólo se han cubierto 12 de las 62 vacantes existentes para Cataluña, y que sólo 3 las ocupen jueces procedentes de otras comunidades autónomas”.
La diputada de C's considera que “la exigencia del nivel C de catalán a los jueces, recogida en el actual Estatuto de Cataluña, puede disuadir a estos profesionales para que vengan a trabajar aquí”.
“Esperemos que este punto sea rechazado por el Tribunal Constitucional, porque adoptar medidas encaminadas a exigir a todos los funcionarios de la administración de justicia un nivel de catalán que no tienen la mayoría de catalanes es absurdo y provoca que se prime el idioma y no el talento”, ha defendido De Rivera.
“Las comunidades autonómas tienen la responsabilidad de garantizar el funcionamiento del sistema judicial, pero en Cataluña, si no tomamos medidas contundentes y eficientes, la situación podría llegar, en breve, al colapso”, ha afirmado De Rivera.
Si la “Dignidad” de Cataluña depende de que una editorial comunitaria de doce periódicos en Cataluña digan lo mismo (pensamiento unitario), aviados vamos, se trate de lo que se trate, pues era de esperar que hubiera 12 sensibilidades distintas. Si encima se trata del “ESTATUT”, un farragoso texto que lleva tres largos años en el Tribunal Constitucional sin que los Magistrados se pongan de acuerdo para declarar si son 40 los artículos inconstitucionales, o lo es todo, o solo algunos, es esperpéntica la situación si no fuera tan dramática. Y de lo que no cabe ninguna duda es de que ya no es solo que intenten presionar al Alto Tribunal, sino que tratan una vez más de crear una nueva motivación de “victimismo", tan característica de la política catalana oficial.
En primer lugar, y a este respecto, diré que dos de los padres de La Constitución Española de 1978, contra la que yo voté en contra por no ser liberal, fueron dos catalanes: Jordi Solé Tura y Miguel Roca Junyent y por tanto ellos sancionaron primero la Ley de Partidos Políticos que ha creado la Partitocracia en la que vivimos y que también domina en Cataluña, y la Ley electoral que redujo a un 35,78% el apoyo de los ciudadanos de Cataluña al Proyecto de nuevo Estatut.
Creó las Autonomías, diferenciando claramente (artículos 1 y 2) entre la Nación, se supone que España, de las Nacionalidades, que tendrían derecho a usar dos lenguas con la obligación de conocer el castellano (art.3.1), excluyendo la obligatoriedad de la otra, precepto claramente violado de facto en la señalización general de comercios, calles, etc., especialmente en la redacción del nuevo Estatut, recordando las palabras de mi amigo liberal catalán Ramón Trias Fargas en una enmienda que realizó sobre el necesario uso del castellano, ya que de no hacerlo ”sería clara la discriminación y rompería el principio de libertad de comunicación y establecimiento de todos los españoles, incluso los funcionarios”. (Diario de Sesiones nº 104, 5/7/78, pág. 3856 . Texto que me ha sido recordado por el comunicado del Foro de Ermua de 26-1109 sobre el tema).
Además, en el seno de la Fundación que lleva su nombre, han aprovechado los llamados “Llibergents” de CiU que para mas INRI han obtenido de la Internacional Europea Liberal el respaldo que supone nombrar a uno de ellos Vicepresidente de ELDR (European Liberal & Democrats), antes cocinado en la Internacional Liberal por Carles Gasoliba; Diputado europeo de CiU que aprovechó la desaparición del CDS para meter ¡asómbrense! a Unión Mallorquina, de la princesita hoy imputada por diversos delitos Mª Antonia Munar, en tanto todavía esta por ver la imputación del Lider de CiU Artur Mas, acusado por el propio Maragall de cobrar el 3% de las obras públicas en la sede del Parlamento autonómico. Es el colmo: ¡el Nacionalismo tribal representante del Liberalismo en España!. Con ellos, el editorial ha tenido el apoyo de todos los partidos “catalanistas” salvo el PP y Ciutadans, incluyendo el PSC, Esquerra, Iniciativa-els Verds y lo que se llama allí un alud de movilizaciones cívicas. Curiosamente, casi todas las citadas dependientes del Presupuesto del Govern Catalán (que por cierto significa etimológicamente castellano), a la vez que sistemáticamente se entiende allí que todo el que pide respeto al Tribunal Constitucional por la inaceptable presión mediática y la movilización teóricamente popular es un enemigo de Cataluña.
El que esto suscribe es, por razones de lengua, estudios en la Universidad Central de Barcelona y viajes semanales durante 30 años en el Puente Aéreo, afín a la sensibilidad catalana y no pretendo con este articulo, herir esa susceptibilidad, pero sí denunciar el fraude que se está cometiendo en su nombre.
Lo que no es posible es aceptar que si el fallo del Tribunal Constitucional es favorable al Estatut, entonces vale y si no, no vale: o lo uno o lo otro. Ellos se lo han buscado pues han sido los partidos, incluidos los catalanes, por razón de quienes lo han politizado, metiendo mano a los nombramientos una vez tras otra. ¡Reformemos primero la Constitución de 1978! y el Estatut puede o no ser posible, pero hoy por hoy, no les pueden pedir a los magistrados que voten contra su conciencia, como le sucedió a García Pelayo con su voto de calidad en la sentencia de Rumasa de 1983, de la que todavía debe andar arrepintiéndose en el mas allá.
Volviendo al comunicado del Foro de Ermua, que entiendo define perfectamente la cuestión, y del que reproduzco sus principales argumentos resumiéndolos:
“El editorial resulta tan burdo que funciona a modo de boomerang contra quienes lo suscriben; es el mejor ejemplo de cómo la constitucionalidad del Estatut es indefendible con argumentos jurídicos y sólo mediante la coacción y la presión política tiene posibilidades de superar el filtro del Constitucional.
Ampuloso y frívolo al considerar que es nada menos que la dignidad de Cataluña la que está en juego con la Sentencia del nou Estatut, el editorial no explica cómo es posible que sólo un 35,78 % de los ciudadanos de Cataluña con derecho a voto apoyara un texto en el que, según su propia hipérbole, radica su dignidad.
En todo caso en poco valora su dignidad quien la hace depender de una resolución sobre la inadecuación a la Constitución de su Estatuto autonómico en lugar de hacerla residir en el nivel de libertad de sus ciudadanos, en su solidaridad, en su capacidad para aportar al bien común o en la justicia de sus actos.
El editorial demuestra desconocimiento o mala fe y ánimo de desinformar cuando denuncia que el Tribunal Constitucional se va a convertir en una cuarta Cámara.
Pretenderlo por el mero hecho de que una Ley haya sido aprobada por el Parlamento español y el catalán y refrendada por los ciudadanos catalanes es propio del populismo más antidemocrático: cuando el derecho no ampara, se viola la legalidad mediante la demagógica apelación al “pueblo”.
Lo que está pidiendo el editorial es que nos olvidemos de lo que dice la Constitución y que se dé el visto bueno al texto por motivos políticos. No argumenta de manera alguna sobre la hipotética constitucionalidad del nuevo Estatut, limitándose a anunciar grandes males si se declara inconstitucional y a calificar de irreductibles a los magistrados que no se muestran propicios a sus intereses. Desde el FORO ERMUA consideramos francamente positivo mostrarse irreductible si de lo que se trata es de oponerse a una mutación constitucional a través de la aprobación de un Estatuto. Y esta irreductibilidad sería positiva tanto porque supone una defensa de la Constitución y, por tanto, del Estado de Derecho, como porque en este caso beneficia a los ciudadanos al mantener espacios comunes con mayores oportunidades, más derechos, más igualdad y más libertad.
El dilema, como dice el editorial, se plantea entre avance o retroceso, poniéndose en juego la propia dinámica constitucional y el marco de convivencia que los españoles nos dimos.
Sería un retroceso y rompería con lo dispuesto en la Constitución si se aceptara romper la unidad del poder judicial español que queda establecida sin duda alguna (arts. 117.5, 122, 123, 125 y 149.1 5ª) en la Constitución, sería un retroceso y rompería con lo dispuesto en la Constitución aceptar la obligatoriedad del catalán cuando la Constitución establece únicamente la obligación de conocer el castellano (Art. 3.1), también sería un retroceso y rompería con lo dispuesto en la Constitución aceptar levantar difusas barreras entre los españoles, romper la unidad de los cuerpos de notarios, jueces, secretarios judiciales, registradores, etc., restringir la competencia del Parlamento para la realización del presupuesto, aceptara terminar con la igualdad en los derechos básicos de los españoles, romper los mercados laborales, o que las relaciones entre España y Cataluña se sometan al principio de bilateralidad, olvidando así la pluralidad de España que está compuesta por diecisiete autonomías y reduciendo el papel del Estado central al de mero coordinador entre diecisiete miniestados. Esos son los riesgos reales de retroceso y ruptura del marco de convivencia al que nos enfrentamos.
Tan poco estatutario sin acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales que representan a más del 80% de los españoles, con el rechazo expreso del 44,64% del Parlamento nacional y con un fuerte rechazo popular tanto en Cataluña como en el resto de España.
Por mucho que lo exija una docena de periódicos cuya independencia han sacrificado a favor del poder político, el Estado de Derecho no debe someterse a los intereses de unos pocos. No se trata de mirar airadamente a la identidad catalana como pretende el editorial. No hay nada más fácil que inventarse un enemigo para no tener que debatir con el adversario real y nada más fácil para ocultar los intereses propios que identificarlos con el de todos los ciudadanos.
La oposición al Estatuto de Cataluña de 2006 no tiene nada que ver con la animadversión hacia Cataluña ni hacia el catalán. De lo que se trata es de oponerse a discursos propios de los reaccionarios antidemocráticos del siglo XIX y a la reducción de derechos de los ciudadanos.
El Tribunal Constitucional tiene la obligación de dictar ya una Sentencia fundada en derecho y que proteja el espíritu y la letra de la Constitución. Seguir retrasando la Sentencia sólo conllevará un mayor desprestigio del Tribunal, un aumento de las presiones y un incremento de las dificultades para revertir la normativa dictada al amparo de una norma inconstitucional”.
”La situación resulta ya insostenible”, y tal como le escuché a Inma Castilla de Cortazar, Presidenta del Foro de Ermua, y a Santiago Abascal de DENAES, es la sociedad civil la que debe impulsar a los partidos a volver a la razón de Estado o como dice Esperanza Aguirre: "Zapatero es el que nos ha metido en ese lío al mentirles a los catalanes cuando les dijo que aprobaría el Estatut que le presentaran, fuera el que fuera". Tengo contabilizadas más de 200 mentiras suyas que circulan por Internet y que le han llevado al mayor grado de desconfianza jamás alcanzado por un Presidente del Gobierno, el 72,3% en la Encuesta del CIS, González en plena crisis del Gal llegó sólo al 65,6% y Aznar después de lo de Irak al 60,8%.
He recibido también, como comentario a mis artículos ”incendiarios” contra la Partitocracia y la gravísima Crisis Política e Institucional, de un destacado economista y notario, que me ha autorizado a publicar guardando el anonimato la siguiente declaración:
“Estamos al borde de una crisis institucional que no se cómo acabará. Esto es solo el principio. Es asombroso que las gentes sensatas del PSOE (que debe haber) no se rebelen contra la política disparatada de los actuales gobernantes. Es curioso que haya sido Alfonso Guerra el único que se haya permitido alguna ligera critica antes y ahora. Son capaces de vender el país por el plato de lentejas del poder. La sociedad civil esta inerme como tal, fagocitada por las fuerzas políticas. Por tanto, parece imprevisible una rebelión civil.
A corto plazo. Su misión tiene que ser cambiar el estado de opinión actuando sobre los ciudadanos y sobre los propios políticos, la propia evolución de la crisis le dará argumentos en esa labor al dejar cada vez más patentes los cambios traumáticos a que puede conducir. Ya surgen algunas voces aisladas como la conferencia que citas (de Inma Castilla de Cortazar) y algunos artículos, pero son insuficientes mientras no alcancen los grandes centros de difusión y de poder. Las fuerzas centrifugas llevan por ahora la voz cantante. Como el avance de las mismas continúe puede llegar un momento en que la propia sociedad civil admita una nueva situación. La sentencia del Tribunal Constitucional puede constituir un elemento de inflexión o de continuidad de la marcha hacia la desintegración. El editorial común puede que haya conducido a que les salga el tiro por la culata. Porque se ha observado justamente lo que echamos en falta; una amplia reacción de los grandes medios de difusión. Sin embargo, no es total, ni sabemos cuánto durará.
La crisis institucional es mucho más grave que la económica, con ser esta grave, y además influye fuertemente en ella; mientras no se resuelva podremos lograr recuperaciones coyunturales, pero será prácticamente imposible lograr una plena racionalidad en la configuración y el funcionamiento de las estructuras económicas".
Y no digo más por hoy, pero a buen entendedor sobran palabras.
LA DIGNIDAD DE ESPAÑA TAMBIÉN ESTA EN JUEGO.
Bernardo Rabassa Asenjo, presidente del Club Liberal Español
Hay más que una cierta responsabilidad en la prensa catalana, haciendo un seguidismo mimético a las castas políticas dominantes, lo que hace un tiempo llamamos el PUC (Partido Unificado de Cataluña) y el PP catalán, arrastrando su gran complejo de catalanidad, cuando unos y otros se empecinan en encuadrar los problemas de hoy en día con categorías que fueron construidas en función de un contexto que ya no es el que nos toca. Como si la realidad fuese siempre la misma realidad.
