Comisión de Estudio sobre la situación de las Personas con Discapacidad

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26-11-09

Carmen de Rivera contesta a la comparecencia en la Comisión de la representante de la Federación ECOM.

Carmen de Rivera contesta a la comparecencia en la Comisión del representante de Femarec SCCL.

Debate de Presupuestos 2010 - Comisión de Educación y Universidades

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26-11-09

Carmen de Rivera defiende en la Comisión de Educación la enmienda a la totalidad de CIUDADANOS al Presupuesto para el 2010 del Departamento de Educación.

Debate Presupuestos 2010: Comisión de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana (2)

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Carmen de Rivera defiende en la Comisión de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana la enmienda a la totalidad de CIUDADANOS al Presupuesto para el 2010 del Departamento de Justicia.

Debate Presupuestos 2010: Comisión de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana (1)

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Carmen de Rivera defiende en la Comisión de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana la enmienda a la totalidad de CIUDADANOS al Presupuesto para el 2010 del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación.

Debate Presupuestos 2010: Comisión de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo (2)

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Carmen de Rivera defiende en la Comisión de Trabajo, Industria , Comercio y Turismo la enmienda a la totalidad de CIUDADANOS al Presupuesto para el 2010 del Departamento de Trabajo

Debate Presupuestos 2010: Comisión de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo (1)

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Carmen de Rivera defiende en la Comisión de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, la enmienda a la totalidad de CIUDADANOS al Presupuesto para el 2010 del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa.

Carmen de Rivera en la Comisión de Peticiones

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Posición de C's sobre el traspaso a la Generalitat de la autorización para convocar referendos.

CIUDADANOS se muestra de acuerdo con la Mesa en que la petición de la Plataforma por el Dret a Decidir para que la competencia sobre convocatoria de referendos pase a la Generalitat no sea aceptada por la Comisión y se remita a los Grupos parlamenarios para que ellos adopten las inciativas políticas que consideren oportunas.

Información complementaria: enlace a los vídeos de la Comisión del 20 de octubre pasado, en que la Plataforma expuso ante la Comisión dicha petición.

C's muestra su 'escepticismo' tras la primera ponencia sobre la Ley Electoral de Cataluña

• Albert Rivera: “Nuestra intención es hacer entrar en razón al resto de partidos con el fin de transmitir un mensaje esperanzador a la ciudadanía y que la nueva ley se apruebe antes de finalizar esta legislatura”.


• Rivera: “Desde C's queremos consensuar las posiciones del Tripartito y CIU para que se atrevan a abrir las listas electorales y acercarnos a la máxima: un ciudadano, un voto”.

Tras la primera ponencia sobre la Ley Electoral de Cataluña, celebrada esta mañana, y vista la posición de los diferentes partidos al respecto, Ciutadans (C's), en una valoración general, ha manifestado su “escepticismo”: “Si en 29 años los partidos tradicionales no han sido capaces de ponerse de acuerdo, no creemos que lo vayan a hacer ahora”.

Por esta razón, C's considera que el objetivo más importante en los próximos meses será llegar a un consenso entre todos los grupos, y tal y como ha declarado el presidente de C's, Albert Rivera: “Nuestra intención será hacer entrar en razón al resto de partidos con el fin de transmitir un mensaje esperanzador a la ciudadanía y que la nueva ley se apruebe antes del término de esta legislatura”.

Por otra parte, C's ha mostrado su descontento debido a que “los partidos del Tripartito se han negado a abordar el debate sobre el desbloqueo de listas electorales, la proporcionalidad de la ley y el peso territorial de la misma”: “Desde C's queremos consensuar las posiciones del Tripartito y CIU para que se atrevan a abrir las listas electorales y acercarnos a la máxima: un ciudadano, un voto”.

Debate de Presupuestos Generalitat: Enmienda a la totalidad a la Ley de Medidas Fiscales y Financieras

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Carmen de Rivera, en nombre de CIUDADANOS defiende la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Financieras presentado por el Gobierno de Cataluña.

Carmen de Rivera: 'Lo que le exige el Gobierno de España sobre la LEC es lo que C's lleva pidiendo hace 3 años en el Parlament

• La diputada de C's, Carmen de Rivera, exige explicaciones al conseller Maragall sobre la adecuación de la LEC a la Constitución.
• Rivera: “Esta ley lleva, como es el caso de Tàrrega, a convertir nuestras aulas en centros de formación del espíritu nacional, con debates y juegos sobre el independentismo”.

Carmen de Rivera, diputada de Ciutadans (C's), se ha dirigido al Conseller de Educación, Ernest Maragall, durante la sesión de control al Gobierno, para recordarle que la petición del Gobierno de España para que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) se adecúe al marco Constitucional y a la normativa estatal, es lo mismo que C's lleva exigiendo desde hace tres años, desde el Parlament, no “desde Madrid”.

“Lo cierto, Sr. Maragall, es que C's, ya solicitó del defensor del Pueblo la interposición del Recurso de Inconstitucionalidad, y finalmente ha podido ser interpuesto por otro partido representado en esta cámara (en referencia al PPC)”, ha concretado Rivera.

En este contexto, la diputada de C's ha aprovechado para subrayar la posición de C's sobre la LEC: “Se trata de una ley que pretende blindar el sistema de inmersión lingüística, y que lleva, como en el caso de Tàrrega a convertir nuestras aulas en centros de formación del espíritu nacional, con debates y juegos sobre el independentismo”. Por su parte, el conseller Ernest Maragall no ha contestado a la pregunta que le ha formulado la diputada, en la que requería en qué aspectos tendrá que ceder el Govern para que la LEC sea constitucional, elusión que Rivera ha contestado: “Lo que le solicitan sus socios es un procedimiento previo a un recurso de inconstitucionalidad, así que por lo menos esperamos que esta llamada al sentido común y a la legalidad sirva para adecuar la LEC a la Constitución”.

Presentación de 'Cataluña somos todos' en Badalona

C's denuncia la corrupción política destapada en el área metropolitana de Barcelona durante la presentación de la campaña 'Cataluña somos todos' en Badalona.

• Albert Rivera: 'El PSC confunde las poblaciones del cinturón con su cortijo'
  
• Carmen de Rivera: “Los últimos casos de corrupción han dado la razón a C's, cuando criticábamos que el nacionalismo catalán usaba el dinero público en su propio beneficio”

En el seno de la presentación de la campaña “Cataluña somos todos” en Badalona, C's ha denunciado la crítica situación que sufre el área metropolitana de Barcelona a raíz de los recientes escándalos políticos en poblaciones como Santa Coloma de Gramanet: “El PSC confunde las poblaciones del cinturón son su cortijo”, ha denunciado el presidente de C's, Albert Rivera.

Por esta razón, tras el acto inaugural de la campaña “Cataluña somos todos” celebrado el pasado 31 de octubre en Barcelona, C's ha querido reivindicar nuevamente su manifiesto en Badalona: “Nuestra campaña es una denuncia contra la Cataluña oficial, una Cataluña encorsetada que pretende blindarse del resto de España y que se encuentra totalmente distanciada de la Cataluña real, la de todos aquellos que pensamos que la igualdad y la libertad de las personas están por encima de los intereses colectivos”.

C’s defiende, de esta manera, la necesidad de defender esta “Cataluña real”, “abierta, integradora y trabajadora”, tal y como ha definido Albert Rivera, en un momento en que “ la democracia en Cataluña está salpicada por “vergonzosos escándalos de corrupción”. Tal y como ha defendido la diputada de C's, Carmen de Rivera, durante su intervención: “Los últimos casos de corrupción han puesto en evidencia que el sistema político catalán está en crisis y nos ha dado la razón a C's cuando criticábamos que el nacionalismo catalán usaba el dinero público en su propio beneficio”.

Por esta razón, y a través de la campaña “Cataluña somos todos”, C's reclama una nueva forma de hacer política “entre todos” y desde la “responsabilidad de saber que cada representante político está al servicio del ciudadano”. En palabras de Albert Rivera: “El primer paso para conseguir cambiar esta situación es que la Cataluña oficial deje de estar dirigida por partidos omnipotentes”.

NOTICIA RECOGIDA EN: Europa Press, ADN, Eco Diario - El Economista, Noticias Yahoo, Noticias Terra.

Mangoneo y corrupción (por Joaquín Leguina)

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Joaquín Leguina, economista, ex-presidente de la C.A. de Madrid, y hasta hace poco diputado por el PSOE, recogía en un artículo publicado en EL PAIS sus reflexiones sobre el sempiterno tema de la corrupción política.

Mangoneo y corrupción

JOAQUÍN LEGUINA 05/11/2009

Por razones fáciles de entender, últimamente se escucha con frecuencia la siguiente sentencia: "No todos los políticos son iguales", lo cual es una obviedad, aunque se diga con intención de defender la honradez de los más frente a la corrupción de los menos. Y es una obviedad porque los políticos, como cualesquiera otras personas, son únicos e irrepetibles... Pero el recordatorio no sirve absolutamente para nada, pues ni siquiera trata de aportar solución alguna contra la marea negra que está cubriendo de basura a la política española.

Pero, ¿en verdad, la mayoría de los políticos son honrados? Si por honrado se entiende aquel servidor público que sólo se lleva para casa su sueldo, puede afirmarse sin demasiado riesgo que la mayoría de los políticos españoles son honrados. Pero el calificativo de honrado exige, a mi juicio, alguna precisión más. Por ejemplo, en torno al mangoneo. (Mangonear: entremeterse uno en cosas ajenas, pretendiendo mandar y disponer). Vamos a ello.

Durante algún tiempo hemos asistido -y asistimos- perplejos a manejos sin cuento en torno a la presidencia de Caja Madrid, y resulta escandaloso, pero no estamos ante algo nuevo, sólo contemplamos un mangoneo que es más espectacular que otros por practicarse éste con luz, cámaras, micrófonos y taquígrafos. Pero algo parecido ya ocurrió cuando, no hace tanto, vimos colocar sin ruido al frente de grandes empresas recién privatizadas (y también de Caja Madrid) a un grupo de amigos personales de Aznar, el entonces presidente del Gobierno, y no fue cosa muy distinta de la que pretendió hacer después Rodríguez Zapatero con Endesa y otras empresas energéticas... ¿Y qué preside, si no es el mangoneo, las concesiones de televisión o de las frecuencias de radio por parte de los distintos Gobiernos, ya sea el nacional ya sean los regionales? En fin, también el mangoneo manda a la hora del otorgamiento de contratos de obras o servicios públicos. Buena parte de las recalificaciones de terrenos no tienen otro origen que el mangoneo, y mangoneo sigue siendo que, por ejemplo, en Cataluña no haya forma de ganar un concurso público si la empresa o el individuo no tienen el domicilio en aquellas tierras.

Bien se ve, pues, que el mangoneo en España es el rey de la vida política. Una colonización ilegítima realizada por todos los partidos y que abarca a otros muchos aspectos de la vida social, judicatura incluida.

Pues bien, la corrupción no es otra cosa que un mangoneo remunerado. Por lo tanto -por aquello de que quien evita la tentación evita el pecado-, si los partidos quisieran, de verdad, acabar con la corrupción, tendrían que renunciar al mangoneo... pero eso -creo yo- va a ser mucho pedir.

Claro que algún ingenuo se preguntará si es evitable el mangoneo e intentaré darle respuesta.

No se trata de una utopía como tantas de las que han querido y quieren erradicar el mal de los corazones humanos, no es eso. Se trata de algo más sencillo, pues el objetivo es simplemente ponérselo más difícil a los potenciales corruptores y corruptos. ¿Cómo? Haciendo que las decisiones en el ámbito público sobre recalificaciones, contratos de obra o de servicios, concesiones, nombramientos fuera del ámbito estrictamente político (por ejemplo: Cajas de Ahorros), intervención en empresas y actividades privadas... estén: a) regladas y b) sean objeto de decisiones colegiadas por personas que no estén sujetas a mandato imperativo y sean elegidas con criterios estrictamente profesionales. De esta suerte, los políticos recibirían menos visitas interesadas y podrían dedicar ese precioso tiempo a solucionar algunos problemas, que buena falta hace.
Otra visión optimista a este propósito asegura que "no es que ahora haya más corrupción que antes, lo que ocurre es que ahora se persigue -judicial y policialmente- con más eficacia y ahínco". Pero ésta es una afirmación tan cándida como metafísica y, por tanto, vacía, pues resulta imposible comprobar mediante datos fiables si lo que se afirma es verdadero o falso.

Mas, sea como sea, estos escándalos encadenados que salpican -aquí y acullá- todo el mapa de España componen una mezcla explosiva cuando se juntan en el tiempo con las colas del paro, las cuales se comportan como tenias en el intestino de la sociedad española. Solitarias que siempre acaban por reproducirse, para seguir consumiendo el alimento (la fuerza de trabajo) que habría de servir para una sana supervivencia colectiva. Porque, digámoslo de una vez, el mercado laboral español es un desastre en el cual una buena parte de nuestra juventud naufraga entre contratos laborales encadenados y efímeros. Unos trabajos sin perspectiva de futuro, con la amenaza, siempre presente, del despido y donde abundan los gestores empresariales cuya especialización parece ser la de echar gente a la calle. No hay en el mundo un país que gaste -proporcionalmente- más dinero que España en formaciones profesionales de todo tipo. Dinero tirado, pues son aprendizajes que no sirven para casi nada en el campo laboral.

Una mezcla explosiva, sí, la de la crisis y la corrupción. Una conjunción perversa en la cual puede estar el germen del populismo... o de la abstención masiva... Y ante este deterioro, ¿qué van a hacer los grandes partidos? Lo diré en pocas palabras: mucho tendrá que apretarles el zapato para que se decidan a renunciar al mangoneo, fuente de toda corrupción. Lo más probable es que no hagan nada práctico. Y no lo harán porque los partidos españoles tienen una bien acreditada fama de no querer autorreformarse, y tampoco están dispuestos a descolonizar lo que han colonizado... Unos partidos que no quieren ni oír hablar del artículo 6 de la Constitución, que les obliga a ser democráticos en su estructura y funcionamiento. Unos partidos que, asimismo, desprecian otro artículo de la Constitución, aquel que obliga a una selección de personal -en la esfera pública- en la cual han de primar "el mérito y la capacidad". Unos partidos que se han dotado de unos reglamentos parlamentarios que ningunean a los diputados y a los senadores reduciéndolos al triste papel de meros ejecutores de un ente burocrático llamado "Grupo Parlamentario". En fin, unos partidos que están encantados de haberse conocido.

Pero hay a este respecto una hipótesis aún más pesimista que me cuesta aceptar y se resume así: la falta de interés de los partidos en cortar de raíz la corrupción nace de la propia sociedad. Por un lado, la plaga del sectarismo y su transformación en un electorado fiel, incapaz de castigar a sus adoradas siglas y, por otro, la trivialización de la moral pública. Todo lo cual conduce a la minimización del impacto electoral de las malas conductas. Si a eso se añade la generalización de una corrupción -que afecta a todos los partidos-, el electorado llega fácilmente a la conclusión de que se está ante una especie de gripe que llega inexorable con el invierno y que es inherente a la actividad política... y por eso es preciso acostumbrarse a convivir con ella...

Mas no es necesario tener la fe de Gramsci para intentar evitarlo y actuar, siguiendo aquel viejo criterio según el cual al pesimismo de la razón siempre cabe oponer el optimismo de la voluntad.

C's cuestiona la 'austeridad' de los presupuestos presentados para el 2010

• Carmen de Rivera: “El gasto destinado a construir la nación catalana está muy por encima del que se dedica a las necesidades reales de los catalanes”

• Rivera: “Las previsiones de ingreso de estos presupuestos no se van a cumplir, porque los números están hinchados”

Ciutadans (C’s) se muestra escéptico con las promesas de “mayor protección social y austeridad institucional” emitidas por el conseller Castells, quien afirma que son las prioridades del nuevo curso económico concretadas en los presupuestos de la Generalitat para el año 2010, presentados esta mañana en el Parlament de Cataluña.

“Aunque las prioridades anunciadas por el conseller son las esperadas, lamentablemente, la realidad nos muestra que en la ejecución de los presupuestos, este gobierno no ha practicado la austeridad”, ha afirmado Carmen de Rivera, diputada de C’s. En este contexto, Rivera ha recordado que las previsiones de ingresos de este presupuesto se calcularon a raíz de un acuerdo de financiación, “que ya sabemos que no se va a cumplir porque esos números están hinchados”.

C’s ha aprovechado para denunciar que el nivel de gasto destinado a “construir la nación catalana”, a través de embajadas y subvenciones, “está muy por encima del que se dedica a las necesidades de los catalanes, que son diferentes en este fin de ciclo económico que estamos viviendo”.

Aunque, según ha concluido, “son unos presupuestos irreales, que suponen otro indicio más del agotamiento de este gobierno y del fin de esta etapa política”.

NOTICIA RECOGIDA EN: ABC, La Vanguardia, El País.

Comisión de Educación y Universidades

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Sesión informativa con los consejeros de Educación y Universidades para presentar el plan FP.cat

1) enlace al vídeo de la intervención de Consejera de Trabajo - Sra. Serna Calvo

2) enlace al vídeo de la intervención del Consejero de Educación - Sr. Maragall

Toma de posición de CIUDADANOS, interviene Carmen de Rivera:

La inanidad de las sentencias interpretativas

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Mi Profesor, D. Manuel Jiménez de Parga, aún se encuentra en plena forma, y este magnífico artículo lo confirma. Os recomiendo su lectura (Publicado el 2-11-09 en ABC).

La inanidad de las sentencias interpretativas

MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Lunes , 02-11-09

Las sentencias de fondo que dictan los jueces y los magistrados deben resolver las pretensiones controvertidas y deben estar jurídicamente fundadas. Es así como se satisface la tutela judicial efectiva que reconoce y consagra el artículo 24 de la Constitución Española (CE).

Otro artículo de la CE, el 120, exige que las sentencias estén motivadas. Tales preceptos nos plantean dudas sobre las denominadas «sentencias interpretativas», en las que no se decide nada con carácter definitivo, sino que se deja abierta la cuestión debatida para que puedan mantenerse soluciones distintas. ¿Es esto, acaso, resolver una controversia? ¿No nos recuerda al "lavarse las manos" del despreciable Pilatos?

Entre las sentencias interpretativas hasta ahora pronunciadas, algunas parecen fruto de una candidez asombrosa. Por ejemplo, la ingenuidad de pensar que los partidos políticos iban a comportarse en el Congreso de los Diputados y en el Senado de una manera generosa y no de la forma que les permite su fuerza parlamentaria.

Se debatía en aquella ocasión el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Era inconstitucional que la mitad de los vocales fuese propuesta por el Congreso y la otra mitad por el Senado? ¿Cómo se garantizaría la división de los poderes del Estado si uno de ellos, el Legislativo, designa a los componentes del órgano de gobierno del Poder Judicial?

La sentencia del TC que declara conforme a la Constitución la ley de 1985, con la confusión de poderes indicada, se fundamenta del siguiente modo: «Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad de la Norma Constitucional (la distinción y separación de los poderes del Estado) si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido, atienden sólo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos». El riesgo era inevitable y en la misma sentencia no se olvida que «la lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género», o sea a comportarse según el número de escaños de cada uno.

La lógica se impuso efectivamente y el Consejo General es un reflejo del Parlamento. La anhelada división de los poderes del Estado fue una utopía, soñada por los constituyentes en 1978.

Y siguen soñando quienes creen que el ordenamiento constitucional se realiza sólo con normas jurídicas. Los poderes fácticos intervienen en el proceso junto a los partidos políticos admitidos en el sistema. En suma: se configura una realidad jurídico-política que debe ser analizada con un criterio jurídico-político. La Constitución no ha de tener el mismo tratamiento que, por ejemplo, la Ley de Arrendamientos Urbanos o, incluso, el Código Civil. Por ello la sentencia interpretativa resulta a veces inane: quedan fuera de la resolución judicial los agentes que impondrán, según los casos, lo que más les conviene.

El ordenamiento constitucional se integra con reglas y con principios. Una sentencia interpretativa que infravalore, o desconozca, la fuerza vinculante de los principios es también inane.

El Tribunal Constitucional estableció en su día: «La Constitución proclama principios, debidamente acogidos en su articulado, que dan fundamento y razón de ser a sus normas concretas. Son los principios constitucionales que vinculan y obligan, como la Constitución entera, a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos (art. 9.1 CE), incluso cuando se postula su reforma o revisión y hasta tanto ésta no se verifique con éxito mediante los procedimientos establecidos en su Título X».

Uno de los grandes principios constitucionales es el interés general de España; otro, la solidaridad entre los españoles.

La enumeración de los principios constitucionales incluye, además, los siguientes:

1.La soberanía, en cuanto poder originario, pertenece a la Nación española.
2.La autonomía de las Comunidades en poder derivado de la Constitución

Muy importante, por ello, es conocer el texto de la Constitución. Su estudio debería intensificarse en los planes de enseñanza, con el fin de dar una buena formación a los ciudadanos.

Conocimiento del texto constitucional y lealtad a la Constitución. Ahora bien, la lealtad a la Constitución no puede alcanzarse con el simple conocimiento, ni incluso con la mera observancia de la norma positiva, aunque ésta se conciba más allá del puro formalismo. Es otra clase de lealtad, más profunda. La Constitución atiende a determinados fines que trascienden a la positividad de sus mandatos. El respeto a la Constitución exige una lealtad entendida como adhesión a fines y valores, con unos principios constitucionales que dan razón de ser y sentido a las normas concretas.

En España dentro de la lealtad en todos los ámbitos constitucionales, hay una con notable protagonismo: la lealtad en las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Como tuve ocasión de exponer, hace algún tiempo, en un inolvidable acto académico, la doctrina española en este punto es tributaria de la dogmática constitucional alemana, que ha hecho de la Bundestreue, la lealtad federal, uno de los principios fundamentales de su modelo de distribución territorial del poder público. Se le ha llegado a definir como un principio inherente a la división horizontal del poder, válido, pues, por encima de la variante estrictamente federal. En nuestro caso su operatividad es mayor que en otros modelos descentralizados, habida cuenta de la singularidad de nuestro sistema autonómico.

Curioso por ello es que algunas sentencias interpretativas contengan razonamientos del tenor del siguiente: «En el ámbito de lo dispuesto por el art. 147.2 d) CE, los Estatutos de Autonomía no pueden establecer por sí mismos derechos subjetivos en sentido estricto, sino directrices, objetivos o mandatos a los poderes públicos autonómicos. Por ello, cualquiera que sea la literalidad con la que se expresen en los estatutos, tales prescripciones estatutarias han de entenderse, en puridad, como mandatos a los poderes públicos autonómicos, que, aunque les vinculen, sólo pueden tener la eficacia antes señalada. Lo dicho ha de entenderse...».

Si aceptásemos ese razonamiento la literalidad de las normas importa poco. Además de inanes las sentencias interpretativas resultan, a veces, asombrosas.

Sabido es que nuestro modelo territorial de organización del Estado no fue rematado por la Constitución; fue definido, fue bosquejado. Los principios y fundamentos del modelo están perfectamente establecidos: soberanía del pueblo español, unidad de la Nación española, supremacía de la Constitución.

Félix Ovejero: 'Cambiar el reglamento y echar al árbitro'

(Publicado en EL PAÍS)

Los nacionalistas han acudido mil veces al TC cuando no les gustaban las leyes de la mayoría. Lo que no vale es querer cambiar ese reglamento a mitad del partido y echar al árbitro para ganarlo.

Los debates suscitados por la sentencia sobre el Estatuto catalán llevan camino de ocupar más páginas que la sentencia. En lo esencial, pueden reducirse a dos géneros. El primero atañe a los problemas propiamente jurídicos, a lo que dice el Estatuto, a su compatibilidad con la Constitución y, en algún caso, resulte o no compatible, al contenido del Estatuto, porque, conviene decirlo, hay majaderías completamente constitucionales. Una dieta exclusiva de comida basura no está prohibida por la ley máxima.

El otro debate es de principio. No se discute lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, sino su legitimidad para decirlo. En Cataluña sucede cada día. Sin ir más lejos, la pasada Diada, Ernest Benach, presidente del Parlament, sostuvo que "el TC no puede cambiar lo dicho en un referéndum". Una más de las diversas declaraciones que contraponen "la voluntad nacional de Cataluña", por utilizar la colosal expresión de Joan Saura, a la interpretación que de la Constitución pudiera hacer el máximo tribunal. La voluntad democrática de los ciudadanos actuales tendría prioridad sobre una Constitución no votada por esos mismos ciudadanos. La democracia, entendida como la voluntad de la mayoría, chocaría con una Constitución que acota el campo de lo que la mayoría puede decidir.

Parecería que estamos ante un ejemplo de una clásica discusión de los filósofos del derecho: el control judicial de las leyes establecidas por los representantes cercenaría la democracia. Por dos razones, al menos. Porque mediante la Constitución una generación limitaría la voluntad de las siguientes: una "tiranía de los muertos", en palabras de Jefferson. Las Constituciones, resultado de la voluntad popular, pondrían trabas a la voluntad popular. Nacidas para asegurar a los ciudadanos sus derechos, impedirían a los ciudadanos decidir el contenido y alcance de sus derechos. El control judicial de constitucionalidad añade a este problema otro: la decisión final quedaría en manos de unas personas, los jueces, carentes de legitimidad democrática directa. No sólo eso. Dada la naturaleza inevitablemente abstracta y con frecuencia vaga del texto constitucional, la labor interpretativa del TC, en realidad, equivaldría a una labor legislativa. Un debate, como se ve, de hilván fino. Está lejos de resolverse pero, en todo caso, conviene insistir en que la tesis democrática, que cuestiona la legitimidad de las llamadas "instituciones contramayoritarias" como el TC, cuenta con poderosos argumentos. Bastante convincentes, a mi parecer.

¿Es éste nuestro caso? Empecemos por la "voluntad nacional de Cataluña". Un poco de historia, que no empiece hace 10 minutos, nos remite, antes que a otra cosa, a la "voluntad de los políticos catalanes". La idea de un nuevo Estatuto es cosa suya. De siempre. Por sus pactos de aquella hora o por lo que fuera, Pujol ya reclamaba su reforma en el instante siguiente a la aprobación del anterior. Cada vez que se acercaban las elecciones. Luego se olvidaba. Era su manera de mantener la tensión política, la letanía del victimismo y de la reclamación permanente insatisfecha, la identidad misma del nacionalismo. Naturalmente, no iba en serio. Como tampoco iba en serio Mas en octubre del 2002, cuando, sobre el horizonte de las autonómicas del año siguiente, volvió a repetir la misma cantinela, esta vez bajo la decoración de un "nuevo" Estatuto. Apenas un par de semanas antes, en el Parlament, ante una propuesta de Carod de reforma del Estatut, Pujol había silbado, alegando que en ese momento era "inviable" y "crearía frustraciones". Por supuesto, volvió a repetir, la próxima legislatura ya sería otra cosa.

Para desnudar sus intenciones, y a sabiendas de que el PP y CiU no iban a complicarse mutuamente la vida, PSC, ERC e IC recordaron a Pujol y a Mas que no hacía falta esperar a las elecciones. Maragall insistía en que con el PSOE en Madrid las cosas serían bien diferentes, que entonces sí se podría "cumplir el proyecto catalán y el de todos y cada uno de los pueblos de España, comenzando por el vasco" (EL PAÍS, 24 de octubre de 2002). Muy bonito pero, con las perspectivas electorales de aquellas horas, simple fantasía. A sabiendas. Y es que todos estaban convencidos de que el PP ganaría y, sobre ese trasfondo, el nuevo Estatuto no era más que un entretenimiento electoral. CiU pedía el cielo, el mismo de siempre; eso sí, para después de las elecciones. También como siempre. Y los otros, lo mismo, pero antes, para dejar a cada cual en su sitio, y porque, a qué engañarse, no daban un duro por Zapatero. Acabadas las elecciones, las cosas volverían a donde estaban.

Nadie creía entonces que el juguete iba a durar mucho más. Porque, a pesar de vivir en el eco de su propia voz, ni los más trastornados ignoraban que tampoco esta vez la vida de verdad se rozaba con sus entretenimientos. Ramoneda lo escribía en aquellos días aquí mismo: "Los catalanes están mucho más preocupados por el trabajo, por las pensiones, por la seguridad, por la inmigración, por la vivienda, por la carestía de la vida, por la sanidad y, en determinados momentos, por el terrorismo (...). Sin embargo, el principal debate que entretiene a la clase política catalana es la reforma del Estatuto (...). Se entiende por parte de la coalición nacionalista gobernante (...). Tampoco es extraño que Esquerra juegue esta carta (...). Es, sin embargo, difícil de comprender que entre al trapo el PSC. ¿A estas alturas todavía, de verdad, creen que necesitan competir en nacionalismo con Convergència i Unió?". En resumen, voluntad de la clase política.

La temperatura de "la voluntad nacional" la tomaba una investigación realizada por diversas universidades: entre las autonomías investigadas tan sólo los andaluces se sentían más satisfechos con su nivel de autonomía. A comienzos de 2003, según el CIS, tener un mayor grado de autogobierno sólo preocupaba al 3,9% de los catalanes. Resultados que no se vieron desmentidos tres años más tarde, cuando, después de una campaña de propaganda sostenida y atosigante, lo que se presentaba como la respuesta a las demandas del pueblo catalán recibió el refrendo, sobre el total del censo, del 35% de los ciudadanos, con una participación de menos de la mitad de los ciudadanos, una cifra inferior a la de las elecciones en plena guerra en Afganistán. Por situarnos.

Sencillamente aquí no hay voluntad democrática enfrentada a la Constitución. Pero no sólo por los esmirriados resultados, sino por razones más fundamentales. No tiene sentido alguno apelar a la democracia, a la mayoría, para contraponer la voluntad de una parte de la comunidad política, los ciudadanos catalanes, a la Constitución, que atañe al conjunto de la comunidad política. Lo mismo vale, con más razón, para el Parlament, que, por lo demás, no ha votado el actual texto. Si acaso, si somos serios al apelar a la democracia, la comunidad relevante, la mayoría a contraponer al TC tendría que ser el conjunto de los españoles. Dicho de otro modo, un refrendo nacional favorable a Estatuto sí que permitiría invocar a la democracia.

Cuando estas cosas se recuerdan, la argumentación rápidamente cambia de montura, se descabalga de la apelación a la democracia, y se acuerda de "las reglas", del procedimiento. Pero, claro, el procedimiento, las reglas nos conducen al TC. Lo que no se puede es descalificar lo que, en singular expresión, se llaman "tecnicismos jurídicos" y, cuando flaquea la democracia, cuando votan cuatro y el cabo, invocar los procedimientos y decir "¡ah, bueno, pero ésas son las reglas!". Una consideración a tener en cuenta también cuando se recurre a un argumento más atendible: la votación del Parlamento español, tampoco clamorosa, por lo demás; en el Senado, por los pelos. Y es que esa votación, como bien lo sabían los parlamentarios, no era una votación final. Todos conocían que quedaba el paso por el TC. Ése era exactamente su voto: un sí, que sabía que no era la última palabra. Los primeros que lo sabían eran los nacionalistas, que han acudido mil veces al TC, cuando no les gustaban las leyes de la mayoría. Con ese reglamento llevan jugando años. Lo que no vale es querer cambiarlo a mitad del partido y echar al árbitro para que cambie el resultado. Podemos discutir el TC, pero de frente, no cuando nos disgusta lo que dice. Pero, francamente, no creo que los nacionalistas, confesos o vergonzantes, estén muy dispuestos a jugar en serio a la democracia.

Félix Ovejero Lucas es profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona.

Cataluña somos todos - Catalunya som tots

CATALUÑA somos TODOS

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C's llena la sala Villarroel en la presentación de la campaña 'Cataluña somos todos'

El manifiesto 'Cataluña somos todos' es una reivindicación de todos aquellos que pensamos que la igualdad y la libertad de las personas están por encima de los intereses colectivos.

Ciutadans (C’s) inicia con éxito su precampaña con la presentación del manifiesto político “Cataluña somos todos”, en un acto que ha llenado la Sala Villarroel de Barcelona y que ha recibido el apoyo de personajes referentes del mundo de la política y de la cultura en Cataluña y en España.

”El manifiesto “Cataluña somos todos” es una reivindicación de todos aquellos que pensamos que la igualdad y la libertad de las personas están por encima de los intereses colectivos”. Con estas palabras, Albert Rivera, presidente de C’s, ha resumido durante su intervención el núcleo del manifiesto “Cataluña somos todos”: una denuncia contra lo que C’s define como “Cataluña oficial”, una Cataluña “impuesta por unos pocos, distanciada de la Cataluña real y encorsetada en unos clichés que hacen aguas”.

C’s defiende, de esta manera, la necesidad de defender esta “Cataluña real”, abierta y cosmopolita, en un momento en que “la actualidad política sacude nuestra sociedad”: “Estamos ante el fin de una etapa, una etapa que supone una oportunidad para "fer net" (hacer limpieza), para que de una vez por todas, cambiemos entre todos la manera de hacer política”, ha explicado Rivera.

Rivera ha señalado que, dada esta coyuntura, “nos encontramos ante una responsabilidad histórica”: “El oasis que sustentaba la Cataluña oficial está en quiebra, porque un sistema que mantiene alejada a la sociedad real de sus instituciones, es un sistema fallido”.

Este acto de precampaña ha recibido multitud de apoyos por parte de referentes políticos en Cataluña y en España, como el ex-dirigente de UpyD, Mikel Buesa, Francesc de Carreras o el ex dirigente del partido socialista, Pablo Castellanos; y culturales, como Iñaki Ezkerra, Xavier Horcajo, Josep Maria Fuster Fabra y Juan Carlos Girauta.

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ANEXOS:
- Video de apoyos a la campaña "Cataluña somos todos"
- Spot promocional de la campaña: "Catalunya es... pero también es..."
- Ovación final: Exito del acto "Cataluña somos todos"
- Trailer resumen del acto en el Teatro Villaroel del 31-10-09