Bernardo Rabassa: 'Ya no hay obreros'

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(Publicado en Diario Crítico)

Según la Real Academia de la Lengua: obrero, ra , proviene del lat. Operarĭus 1. adj. Que trabaja. U. t. c. s.2. adj. Perteneciente o relativo al trabajador.3. m. y f. Trabajador manual retribuido.4. m. Encargado de cuidar de las obras en las iglesias o comunidades. En algunas catedrales era dignidad.5. m. Dignidad de las órdenes militares que asiste a las juntas. Antiguamente cuidaba del convento, y, en defecto de los comendadores mayores, era capitán de lanzas.6. m. Diezmero que en algunas partes pagaba directamente su cuota a la obrería de la iglesia catedral.7. m. ant. Maestro de obras, aparejador.8. m. ant. Hombre que obra (‖ hace algo obrero de villa.1. m. albañil).

Bueno, pues ya no hay, porque estadísticamente, han desparecido los obreros manuales, substituidos en todo caso por los autónomos artesanos, es decir empresarios y a medida que avance el progreso, solo habrá empresarios, pues los asalariados rónicos desaparecerán, por la reestructuración que está suponiendo la Globalización.

Nuestro inútil e ineficaz Gobierno, al servicio de los otros amos del Mundo, toma medidas, en las que no cree , pues considera en sus previsiones que el año que viene habrá el mismo paro que ahora Entonces ¿para qué las toma?.Los 6 millones y no los 4.8 afectados por el paro, de hecho, no son más que más población subvencionada, es decir voto cautivo, no tienen ninguna esperanza de encontrar trabajo asalariado y no es solo por la Crisis, es que no lo va a volver a haber jamás.

Se ha terminado un ciclo, hemos exportado Know how e I+D+i a países emergentes que todavía tienen obreros, esclavos manuales, con bajos salarios, de miseria, que para ellos significa que van a comer y consumir por primera vez en su vida. Pero en Occidente, no hay vuelta atrás, nos hemos también acostumbrado a que trabajen por nosotros, aunque no hayan jamás pisado, nuestro país, a los que hay que añadir los cerca de 6 millones de inmigrantes, clandestinos o no que vinieron a substituirnos en los trabajos manuales que todavía quedaban, Construcción, servicio domestico, Basureros etc.

Este ciclo o de la ROBOTIZACIÓN INFORMATIZADA, va desde los años 70 hasta hoy y solo se precisa presencia humana, para los detalles y el control, pues las fabricas manufactureras funcionan solas, incluso en las grandes obras públicas. Ayer sin ir más lejos veía una gigantesca máquina tendiendo raíles, o las perforadoras creando túneles para carreteras, trenes o metro. Solo son necesarios creativos, planificadores o inventores, el resto lo hacen las máquinas.

De hecho el MAQUINISMO INDUSTRIAL, fue el primer ciclo, cuando en la Inglaterra de Adam Smith del Siglo XIX , se acababa apenas , con los los siervos de la gleba , obreros manuales, que trabajaban en la agricultura y con los gremios artesanos, para ser substituido por el obrero industrial que apoyado por la fuerza del vapor de agua, era capaz de producir en cadena, textiles o productos manufacturados, que extendieron la producción a las capas medias de la población, y que dieron lugar al llamado movimiento obrero(trabajadores urbanos).

El movimiento obrero surge de esa Revolución industrial como consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. Al no existir todavía ninguna Ley, se veían expuestos a jornadas de trabajo de más de doce horas, los niños trabajaban (siendo uno de los objetivos más atractivos para los empresarios porque sus salarios eran sustancialmente inferiores, como ha ocurrido recientemente en China y la India y ocurre todavía allí y en algunos países africanos, asiáticos y americanos).

Las primeras manifestaciones del movimiento obrero se plasmaron en el ludismo (destrucción de máquinas) a las cuales se las responsabilizaba de la pérdida de la capacidad adquisitiva del pequeño artesano. Éste término proviene del obrero inglés Ned Ludd, que en 1779 destruyó un telar mecánico. Sin embargo, los obreros se dieron cuenta de que no era la máquina su enemiga sino el uso que de esta se hacía y fue entonces cuando comenzaron a dirigir sus quejas a los empresarios. Así nació el sindicalismo, entendido como un movimiento de resistencia contra el capitalismo.

La reacción del gobierno inglés fue prohibir cualquier tipo de asociación obrera. Parte de la historia del movimiento obrero ha estado marcada por la persecución y la clandestinidad.

En los primeros decenios de la industrialización se produjo una degradación de las condiciones de vida de los trabajadores:

• Aumento de la jornada laboral.

• Pérdida salarial.

• Generalización del trabajo infantil.

• Negación ante la ayuda económica para enfermedades, paro forzoso o vejez.

Por todo esto se crearon los sindicatos en los que se reunía la gente trabajadora de un mismo oficio para defender sus reivindicaciones mediante huelgas. Constituían sociedades de ayuda mutua, las cuales disponían de cajas comunes con capital proveniente de las cuotas de los asociados.

No como nuestros actuales CCOO y UGT, que preparan la HUELGA GENERAL DEL 29 DE SEPTIEMBRE. No se sabe contra quien, pues es , contra las medidas que ha tomado el Gobierno y no contra el Gobierno mismo.

Y como las medidas ni oyen ni escuchan, además de no servir para nada, dudo que la huelga de estos sindicatos sea útil en forma alguna, ya que estos han heredado del franquismo, no solo los edificios ,sino sus gabelas, subvenciones , liberados sindicales y como auténticos funcionarios que son, pues ya he dicho que los obreros no existen y los pocos que hay, los mantienen la empresas en plantilla para que no se diga que las fabricas pueden funcionar solas.

Item más ; los famosos convenios, que no son otra cosa que privilegios, para que, unos pocos, ejerzan de” chupópteros” de las pocas empresas grandes que todavía perduran.

Volviendo a los orígenes del MAQUINISMO INDUSTRIAL: En 1834 se formó la Great Trade Union (unión de sindicatos de oficios) en las que las cuotas de afiliación para posibles nuevos socios eran demasiado elevadas.

El sindicalismo británico optó, en sus orígenes, por las reivindicaciones económicas, sin adherirse a ideales políticos revolucionarios.

Durante las décadas de 1830 y 1840 se fundaron asociaciones obreras en los países del continente europeo, entre los que se encontraban Alemania, Francia, España y Bélgica.

Este movimiento obrero se manifestó en la mayoría de países industrializados mediante otras organizaciones como las cooperativas.

Los obreros se reunieron en organizaciones republicanas y de izquierdas a favor del sufragio universal masculino. Después de aquella revolución, las doctrinas socialistas empezaron a crear partidos de clase, de carácter exclusivamente obrero.

Durante el siglo XIX, aparece el socialismo contemporáneo, que se caracterizó por una crítica radical al sistema capitalista, al que se consideraba social y económicamente injusto; por la defensa de un modelo de sociedad en el que la propiedad de los medios de producción fuese colectiva; y, sobre todo, por la identificación de la clase obrera como protagonistas de los cambios.

Uno de los conceptos más significativos en el que se basó el crecimiento del movimiento obrero organizado fue la lucha de clases, que supuso la toma de conciencia de los trabajadores pertenecientes a una clase social distinta a la de sus patronos y que, para mejorar su situación, la mejor vía es la de la lucha. La huelga --demostración de fuerza de los trabajadores que paraliza la producción de las fábricas-- ha sido la principal arma obrera en dicha lucha de clases; por medio de la cual los trabajadores tratan de convencer a los patronos de sus exigencias.

A raíz de las diferencias entre Karl Marx y Mijaíl Bakunin, entre otros factores, tuvo lugar la fractura de la Primera Internacional, que supuso la división de la mayor parte del movimiento obrero en marxistas y anarquistas.

La Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) o Primera Internacional, fue la primera gran organización que trató de unir a los trabajadores de los diferentes países.

Fundada en Londres en 1864, agrupó inicialmente a los sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses e italianos republicanos. Sus fines eran la organización política del proletariado en Europa y el resto del mundo, así como un foro para examinar problemas en común y proponer líneas de acción. Colaboraron en ella Karl Marx y Friedrich Engels. Las grandes tensiones existentes entre Marx y Mijaíl Bakunin llevaron a la escisión entre marxistas y anarquistas, tras lo cual los partidarios de Bakunin fueron expulsados.

En 1872 el Consejo General de la AIT se traslada desde Londres, donde está ubicado desde sus inicios, a Nueva York, disolviéndose oficialmente en 1876. En 1889 se establece la Segunda Internacional, de corte socialdemócrata, como la sucesora en sus fines políticos, y que durará hasta 1916, y en 1922 aparece la Asociación Internacional de los Trabajadores, organización anarcosindicalista, que pretende recoger el testigo del ala libertaria y que llega hasta la actualidad.

EL Segundo Ciclo EL MAQUINISMO GASOELECTRICO con el descubrimiento posterior de los MOTORES tiene que ver , con una serie de inventos que coexisten a finales del S.XX y principios del XXI como son el Telégrafo, el Gas ,el motor de Gasolina/y el Diesel, el Teléfono y la Electricidad en los que participo con Graham Bell especialmente Thomas Alva Edison a quien, aunque se le atribuye la invención de la lámpara incandescente en realidad sólo la perfecciono.

Tras muchos intentos consiguió un filamento que alcanzara la incandescencia sin fundirse. Este filamento no era de metal, sino de bambú carbonatado. Así, el 21 de octubre de 1879, consiguió que su primera bombilla luciera durante 48 horas seguidas. En 1880 se asocia con J.P. Morgan para fundar la General Electric. En el ámbito científico, descubrió el efecto Edison, patentado en 1883, que consistía en el paso de electricidad desde un filamento a una placa metálica dentro de un globo de lámpara incandescente. Aunque ni él ni los científicos de su época le dieron importancia, estableció los fundamentos de la válvula de la radio y de la electrónica (el denominado efecto Edison) que daría a su vez vida a un nuevo ciclo LA INFORMATICA y posteriormente INTERNET.

Pero volvamos a nuestros OBREROS que están en pleno desarrollo de sus reivindicaciones, hasta el punto de llegar a transformarlas en el eje de un ESTADO NUEVO, alternativa a la Democracia , las Dictaduras , las Monarquías y Republicas: LA DICTADURA DEL PROLETARIADO ;El 24 de enero de 1919, Lenin, en nombre del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique y de los movimientos comunistas de Polonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Austria, Alemania, de América y de los países balcánicos, reunidos en conferencia en Moscú, lanzaron un llamamiento a las organizaciones comunistas y socialistas del mundo entero, invitándoles a acudir al primer Congreso constitutivo de la Internacional Comunista.

El nacimiento de la III Internacional fue determinada en primer lugar, por la Primera Guerra Mundial, la misma que produjo la muerte y debacle de la Segunda Internacional; por otra parte la gran Revolución de Octubre originó un nuevo desarrollo en el internacionalismo proletario.

El Primer Congreso de la Internacional Comunista se celebró del 2 al 6 de marzo de 1919 en Moscú. Asistieron 52 delegados de los Partidos Comunistas y grupos socialistas de izquierda de 30 países, 34 de ellos con voz y voto y 18 con voz, pero sin voto.

El Congreso adoptó la plataforma de la Internacional Comunista, el manifiesto a los proletarios de todo el mundo y diversas resoluciones y acuerdos. El evento resolvió crear dos organismos dirigentes: el Ejecutivo y un Buró de cinco miembros elegidos por él.

Desde sus inicios la Internacional Comunista constituyó una organización revolucionaria, centro dirigente del movimiento obrero mundial, que actuó de 1919 a 1943. La III Internacional se propuso como tarea conquistar a la mayoría de la clase obrera y a las masas fundamentales de los trabajadores para la causa del comunismo y luchar por la construcción de la dictadura del proletariado y por la sustitución del sistema capitalista por el socialismo.

Desde el nacimiento hasta la disolución de la III Internacional se celebraron siete congresos. En el II Congreso fueron a probadas las “21 condiciones para ingresar a la Internacional Comunista”, en el VI Congreso fue adoptado el programa de la Internacional Comunista, en el VII Congreso se elaboró la táctica del Frente Popular único antifascista sobre la base del Frente Único proletario, la táctica de la lucha contra el fascismo y contra la amenaza de una nueva guerra imperialista.

El enfrentamiento entre CAPITALISMO DEMOCRATICO Y EL FASCISTA CON EL COMUNISMO daría 2 GUERRAS MUNDIALES con cientos de millones de muertos y el derrumbamiento sobretodo de la Unión Soviética, con la caída del Muro de Berlín en (en alemán Berliner Mauer), denominado «Muro de Protección Antifascista» (Antifaschistischer Schutzwall) por la socialista República Democrática Alemana – RDA (Deutsche Demokratische Republik – DDR) y a veces apodado «Muro de la vergüenza» (Schandmauer) por parte de la opinión pública occidental, fue parte de las fronteras interalemanas desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989 y separó a la República Federal Alemana de la República Democrática Alemana hasta ese año.

A partir de 1989, se derrumban casi todos los regímenes comunistas del mundo, salvo Cuba y algunos otros imitadores “charlotescos “( la Venezuela de Chaves, la Argentina de Kirchner, la Bolivia de Evo Morales y para nuestra desgracia la España de Zapatero) que se llaman “el Socialismo del S.XXI” cuando deberían llamarse los retrógrados de la II internacional que fue una organización formada en 1889 por los partidos socialistas y laboristas que deseaban coordinarse.

Entre los resultados más famosos de la Segunda Internacional está la declaración del 1° de mayo como Día Internacional del Trabajo en 1889 y el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora en 1910 (este algo más olvidado).

El 1º se sigue celebrando en nuestro país, cada vez con menor afluencia de público, salvo los liberados empleados, pues ellos son los únicos OBREROS que quedan en nuestro mundo postmoderno y que deberíamos conservar, para recuerdo, en nuestros Museos de Cera.

En nuestro 4º Mundo de LA ROBOTIZACIÓN INFORMATIZADA, después de pasar por 1º EL MAQUINISMO INDUSTRIAL,2º EL MAQUINISMO GASOELECTRICO y 3º LA INFORMATICA (INTERNET) los OBREROS han dejado de existir, solo quedan, empleados funcionarios, de la burocracia de los Estados, o asalariados de “cuello blanco” o sea de oficinas, o los nuevos empresarios que ahora se llaman “AUTONOMOS” y que por millones aparecen, trabajando muchos de ellos en casa, por internet y que por su propia naturaleza, trabajan sobre todo en “Economía Sumergida”. Libres del Estado Leviatán que nos quiere arruinar a impuestos, para simplemente subvencionar a otros que no hacen nada y conseguir el voto cautivo de la” subvencionitis”: Los de la Ceja, los Liberados de los Sindicatos oficialistas, los del PER, los funcionarios innecesarios de las corporaciones locales , autonómicas o nacionales o cualquier otro que por cualquiera razón su ingresos dependan de este.Incluyo a los parados, los pensionistas y las viudas o ex-compañeros/as de estos últimos, sin lo cual no sería posible ver tanta gente sin nada que hacer a las 11 de la mañana por las calles y jardines de España.

No sería más fácil, en vez de tanto embrollo, que los empresarios (sobre todo autónomos) pactasen con sus empleados las condiciones de trabajo, incluido el despido libre, que tener que oír de labios de la Salgado que el año que viene, seguiremos teniendo el 19 % de parados, en realidad 6 millones, que irán rebajándose a medida que se les acabe el paro a pasar a la Pobreza Extrema. Es curioso que coincida con que, de los 30 millones de población activa que tiene España, solo 6 millones de personas, contribuyen a pagar nuestra deuda externa (con exportaciones + Turismo).

“FELIZ HUELGA GENERAL DEL DIA 29 DE LOS SUCEDANEOS DE OBREROS”

** PRESIDENTE DEL CLUB LIBERAL ESPAÑOL. PREMIO 1812(2008)

La situación preelectoral en Cataluña ENCUESTA DE METROSCOPIA PARA EL PAÍS

CiU aprovecha el desplome del tripartito


La carrera en Cataluña para las elecciones del 28 de noviembre arranca con pésimas perspectivas para las formaciones del tripartito y con una alfombra roja a los pies de Convergència i Unió, que se aproxima a la mayoría absoluta. Los socialistas, pero también sus socios de Gobierno (Esquerra Republicana e Iniciativa) pagan los platos rotos del malestar creado por el recorte del Estatuto. También por la crisis económica y la sensación generalizada de que el de José Montilla ha sido un mal Gobierno. Así lo refleja el estudio electoral de Metroscopia para EL PAÍS, según el cual el 61% de los encuestados cree que Cataluña ha estado mal gobernada y el 85% piensa que hace falta un cambio en esta comunidad.


La encuesta es una fotografía del momento en la política catalana, con una profunda desmovilización del electorado de la izquierda y una derecha con todo a punto para volcarse en las urnas. La mayoría absoluta está en los 68 diputados y Convergència i Unió sube hasta los 61, los socialistas retroceden hasta los 28, el Partido Popular vuelve a ser tercera fuerza con 17 diputados, Esquerra Republicana se hunde hasta los 12 diputados e Iniciativa-Esquerra Unida baja hasta 9.


Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sube de tres hasta los cuatro escaños y entran dos nuevas formaciones independentistas: Solidaritat catalana, liderada por el ex presidente del Barça Joan Laporta; y Reagrupament, la escisión de Esquerra Republicana con el ex consejero Joan Carretero al frente. Ambas formaciones entran con dos diputados.


Esta fotografía refleja la apatía del momento, pero no permite predecir si en los dos meses de precampaña electoral que quedan por delante las formaciones progresistas lograrán despertar a su electorado. En la situación vigente la participación se quedaría en un 50%, seis puntos por debajo de la conseguida en 2006, que ya fue muy baja. En este contexto, los partidos ultraminoritarios, como Ciutadans, Reagrupament y Solidaritat, lo tienen relativamente fácil para superar el 3% de los sufragios que les abren la puerta del Parlamento. Las tres formaciones logran entre un 3% y un 3,9%, lo que las hace extremadamente dependientes de la baja participación. Los ocho diputados que suman estos tres partidos entrarían de nuevo en el reparto en caso de que la abstención se situara a niveles algo más elevados.


El principal problema de la izquierda no es que sus votantes se pasen en bloque a Convergència i Unió, sino que amenazan con la abstención. De esta forma, el 63% de los votantes de CiU en 2006 tiene decidido que repetirá su voto. Este porcentaje baja hasta el 35% en el caso del PSC, al 27% en el caso de Esquerra y al 42% en el entorno de Iniciativa.


Tampoco es muy buena la opinión que los votantes de la izquierda tienen de sus propios líderes. Incluso entre los votantes socialistas son más numerosos quienes prefieren que el próximo presidente de la Generalitat sea Artur Mas y no José Montilla (45% frente a 40%). Solo entre los votantes de ICV predominan (50% frente a 38%) quienes preferirían a Montilla sobre Mas. La opinión de los votantes de izquierda del actual Gobierno es igualmente demoledora. Solo un 42% del electorado socialista considera buena o muy buena la gestión del PSC.

Fuete: El Pais

Intervención de Carmen de Rivera en 'Un pas mes' de 25TV, del 20-09-10

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Intervenciones de la diputada Carmen de Rivera, miembro del C.E. de Ciutadans, en el programa de debate político 'Un pas més' de 25TV, sobre los temas políticos de actualidad.

Ciutadans en contra de la ley del aranés porque 'es inconstitucional e innecesaria'

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La diputada de Ciutadans (C’s), Carmen de Rivera, ha defendido el voto en contra de C’s hacia el proyecto de ley del aranés, que se ha debatido hoy en el Parlament, porque “impone, en las administraciones del Valle de Arán, un uso preferencial del aranés que consideramos inconstitucional e innecesario y que, además, vulnera la libertad de los ciudadanos”.

“Ninguna lengua debe tener primacía sobre otras, según el Tribunal Constitucional y el Consell de Garanties Estatutàries”, defiende De Rivera y critica la obligatoriedad del uso del aranés porque “este intervencionismo siempre va en detrimento de la verdadera normalización lingüística, abre la vía para que se extienda al aranés el régimen sancionador en situaciones relativas al comercio y consumo y desprecia la riqueza que supone una enseñanza vehiculizada en tres idiomas”.

En este sentido, De Rivera lamenta: “Se ha perdido la oportunidad de convertir a Cataluña en el único territorio con tres lenguas vehiculares en la enseñanza, catalán, castellano y aranés, las tres de uso habitual, de uso normal, entre la población que vive en el valle”.

Por esta razón, la diputada de C’s sostiene que “esta ley es contraproducente y también innecesaria, ya que las administraciones aranesas ya usan con normalidad esta lengua”, aunque señala: “Desde C’s no tenemos ninguna objeción a la conveniencia de regular legalmente el uso del aranés por parte de la administración pero estamos en contra de cualquier obligatoriedad en este sentido”.

En definitiva, la diputada de C’s concluye que ésta es “una norma que perjudica los derechos individuales de los ciudadanos, empobrece el modelo educativo y, sobre todo, con la que se vuelve a cometer el error de poner a las lenguas por encima de las personas”. “Esta ley no está destinada a proteger un idioma, sino ciertos intereses políticos”, sentencia De Rivera.

Ciutadans critica el documental de TV3 'Cataluña - Espanya' por 'exaltar el independentismo'

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La diputada de C's, Carmen de Rivera, recuerda que 'la televisión pública debería fomentar la convivencia, no el enfrentamiento y la agitación'

La diputada de Ciutadans (C’s), Carmen de Rivera, ha exigido explicaciones a la directora de TV3, Mónica Terribas, durante la sesión de control a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), sobre el documental “Cataluña - Espanya” que emitió la televisión pública catalana el 11-S y que, según la diputada, “hace exaltación del independentismo”.

De Rivera ha argumentado que este documental “ofrece tensiones inexistentes entre Cataluña y el conjunto de España creadas desde el Govern”, por lo que ha interpelado a la directora de TV3: “¿Qué criterios tuvieron en cuenta para decidir la emisión de “Cataluña-Espanya” durante la celebración de la Diada, desde luego, un día que no era muy adecuado para emitir un documental que crea enfrentamiento y falsea el horizonte sociopolítico de Cataluña?”.

Además, la diputada de C’s ha puesto en evidencia la parcialidad del documental al “dejar en segundo plano las opiniones divergentes y dar protagonismo a un punto de vista minoritario que no representa la realidad de Cataluña”. “Por ejemplo, en este documental se habla de la red de carreteras cuyo centro es Madrid, pero ¿por qué no se explica que hay una red de carreteras centralizada en Barcelona?”, reclama De Rivera.

Por esta razón, De Rivera ha defendido que “la televisión pública debería fomentar lo que beneficia a todos los ciudadanos, la convivencia y no el enfrentamiento y la agitación que provoca la exaltación del independentismo”.

Entrevista a Carmen de Rivera en 'Las Tardes de Pedro Riba' de 25Tv

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Carmen de Rivera es entrevistada por Pedro Riba, en 25TV, el pasado 14-09-10, en relación con los actos de la celebración de la Diada catalanista.

La deuda española roza ya los 600.000 millones. SUPONE EL 56,7% DEL PIB

Madrid.- La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se colocó al cierre del primer semestre del año al borde de los 600.000 millones de euros.

En concreto, la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos sumaban un endeudamiento de 598.764 millones a 30 de junio, tras haber subido en 21.875 millones en un trimestre y en 95.824 millones en los 12 últimos meses.

El Gobierno ha situado su deuda en 458.268 millones de euros, 12.075 millones más que en marzo y 70.293 más que un año atrás. Suponen subidas del 2,7% y el 18,1%, en cada caso.

En cuanto a las comunidades autónomas, su deuda ha engordado en 9.462 millones en el último trimestre, un 10%; y en 21.804 millones, un 26,5%, desde junio de 2009.

Por último, los ayuntamientos han cerrado el primer semestre con 36.413 millones de deuda. Se incrementa un 0,9% (338 millones) en tres meses y un 11,4% (3.728 millones) en un año.

En relación con el PIB, la deuda del conjunto del Estado alcanza ya el 56,7%. El porcentaje se reparte en un 43,4% para el Gobierno; un 9,8% para las comunidades autónomas y un 3,4% para los ayuntamientos.

Un año atrás el ratio deuda/PIB era del 47%, desglosado en el 36,3% de la Administración Central, el 7,7% de las regiones y el 3,1% de los municipios.

Cataluña y Andalucía, a revisión

La agencia de calificación Fitch ha rebajado las calificaciones a largo plazo de la comunidad autónoma de Andalucía desde 'AA' hasta 'AA-' y además ha situado las perspectivas para la Comunidad en 'negativas', informa Europa Press.

Fitch explica que la rebaja se basa en "el deterioro de la dinámica presupuestaria de 2009, a pesar de que las entregas a cuenta por parte del gobierno fueron muy generosas en 2009, también refleja la debilidad del mercado laboral".

Además, la agencia también ha rebajado la calificación de la comunidad autónoma de Cataluña a largo plazo de 'A+' a 'A', y ha mantenido la de corto plazo en 'F1'.

También continúa con perspectiva negativa debido al empeoramiento de los presupuestos, el elevado endeudamiento y las medidas de recorte de gastos "políticamente difíciles de aplicar".

Fuente: El Mundo

CATALUÑA TRAS LA SENTENCIA DEL ESTATUTO

La aventura del nuevo Estatuto catalán debería haber terminado con la sentencia del Tribunal Constitucional. En este ensayo, De Carreras explica en qué consistió ese proceso y qué consecuencias tendrá para la viciada inercia del nacionalismo catalán.

Desde 1980 hasta hoy, la política catalana ha estado dominada por el nacionalismo. Treinta años de autonomía, treinta años dándole vueltas al mismo tema: Cataluña como nación. Esta ha sido la gran habilidad y el gran triunfo de Jordi Pujol, el máximo dirigente de CiU y el principal ideólogo del movimiento nacionalista. Mientras fue presidente de la Generalitat (1980-2003), una de sus principales preocupaciones fue delimitar el campo de juego en el que se debía desarrollar la política en Cataluña. Tras su retirada, con CiU en la oposición y un Gobierno tripartito de izquierdas (2003-2010), este campo de juego no ha cambiado y el objetivo de los gobiernos presididos por los socialistas Maragall y Montilla sigue siendo el mismo que fijó Pujol: ir creando, desde el poder, conciencia nacional con el fin de construir la nación catalana en un vago e indefinido horizonte de independencia.

Los últimos episodios de esta construcción nacional han sido la elaboración y aprobación del nuevo Estatuto de 2006, los intentos de presionar al Tribunal Constitucional para que certificara su constitucionalidad y la reacción a una sentencia que ha declarado inválidos aspectos sustantivos del texto. De este proceso va a tratar este artículo.

La siembra nacionalista (1980-2000)

El Estatuto de 1979, vigente un año después de aprobada la Constitución, hacía posible tres aspiraciones básicas, tres rasgos diferenciales si se quiere, que contaban con un apoyo muy mayoritario de los ciudadanos catalanes.

En primer lugar, la autonomía política, es decir, un poder propio con amplias competencias en el seno de un Estado políticamente descentralizado que, con el tiempo, podía llegar a convertirse, ya que así lo permitía la Constitución, en un Estado federal –una forma de organización territorial común a otros países de nuestro entorno cultural. La Generalitat, ese poder político catalán, fue asumiendo las competencias que permitía tal Estatuto hasta lograr convertirse, en pocos años, en una institución de gran envergadura, con más poder político que otros entes del mismo nivel territorial en muchos Estados federales.

 

En segundo lugar, la declaración del catalán como lengua oficial, una aspiración casi unánime dentro de la sociedad catalana. Si hay algún hecho diferencial indiscutible que distingue a Cataluña del resto de España es el uso habitual del catalán, lengua materna de cerca de la mitad de su población actual, a pesar del cambio demográfico experimentado en los últimos cien años, especialmente por la fuerte emigración hacia Cataluña durante las décadas de los cincuenta y los sesenta del siglo pasado, desde otras zonas de España. La Constitución declara en su artículo 3 que el castellano es la lengua oficial en todo el Estado y que los estatutos pueden declarar también oficiales en sus territorios las demás lenguas españolas. Así pues, la oficialidad del catalán, es decir, que los poderes públicos en Cataluña tuvieran la obligación de utilizarlo, se hizo compatible con la oficialidad del castellano. La cooficialidad era la expresión política del bilingüismo: ambas lenguas se situaban jurídicamente al mismo nivel como muestra de respeto hacia todos los ciudadanos de Cataluña.

En tercer lugar, debían protegerse de manera especial los hechos culturales expresados en catalán dada la precaria existencia de esta lengua, sobre todo si la comparamos con el castellano o español, no solo hablado en España sino también en América. El desarrollo de una lengua está muy condicionado por el nivel de exigencia cultural en el que se expresa. Por tanto, la protección del catalán como idioma conlleva de forma implícita la legitimidad de determinadas “acciones positivas” (affirmative action) siempre que estas no lleguen a establecer una desigualdad discriminatoria para aquellos ciudadanos cuya expresión cultural sea en lengua castellana. En todo caso, parecía claro que en Cataluña la cultura se podía expresar tanto en catalán como en castellano y, por tanto, la cultura catalana era toda aquella que se producía en el ámbito de Cataluña.

Autonomía política, cooficialidad del catalán y protección de la cultura: estos eran los elementos básicos que introducía el Estatuto de 1979, producto de un amplio acuerdo en la sociedad catalana y española. Sin embargo, los 23 años de pujolismo supusieron una ruptura implícita y sigilosa de este acuerdo.

Primero, la Generalitat no quiso ser una comunidad autónoma más dentro del Estado de las autonomías sino, en lo posible, paso a paso, se fue configurando como un pequeño Estado, con los costes económicos que todo ello supone y las disfuncionalidades que ocasiona en el conjunto de comunidades del resto de España. Segundo, el catalán no debía ser una lengua equiparada al castellano sino, al contrario, debía ser la lengua preponderante en las instituciones políticas y administrativas, así como también en la sociedad. El camino que se iba trazando no era el del bilingüismo sino el del monolingüismo catalán. Tercero, respecto a la cultura, solo se tenía en cuenta la que se expresaba en catalán o, en los ámbitos culturales en los que la lengua no es un componente básico –pintura, escultura, música, etc.–, aquella que se sometía a las reglas no escritas impuestas por la construcción nacional que se estaba llevando a cabo. Con esta política tan estrecha y sectaria, el empobrecimiento cultural de Cataluña ha sido visible y muchos de sus principales protagonistas han tenido que marcharse para poder seguir su carrera artística o permanecen en un discreto exilio interior.

La obsesión durante los años del pujolismo fue ir diferenciando progresivamente Cataluña del resto de España, desconectar sentimentalmente a los catalanes del resto de los españoles. Esta obsesión ha seguido con los gobiernos tripartitos presididos por líderes socialistas que han aceptado pasivamente las reglas de la política nacionalista. En efecto, los nacionalistas solo pueden concebir naciones identitarias uniformes, no sociedades compuestas por individuos libres e iguales en derechos. Su objetivo de construcción nacional ha sido tratar de ir estableciendo una frontera inaprensible que fuera cavando un foso cada vez mayor entre dos entes para ellos antagónicos –la nación catalana y la nación española–, entendidos como ámbitos separados, concebidos como naciones culturales homogéneas para así hacer incompatible el formar parte de ambas a la vez.

Sin embargo, esta desconexión sentimental no se ha conseguido, como muestran tanto los sondeos de opinión como la experiencia de vivir en Cataluña. Lo que se ha conseguido, en cambio, es otro tipo de desconexión: la de una mayoría de catalanes con su clase política; el fenómeno que ha sido denominado “desafección a la política”, naturalmente a la política que se practica en Cataluña.

El fruto de la siembra: el tortuoso camino hacia un nuevo Estatuto

Así pues, al amparo del Estatuto de 1979, durante las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo, se fueron propagando unas ideas y adoptando unas decisiones políticas reflejadas en normas jurídicas que claramente desbordaban el marco estatutario. En las manifestaciones unitarias de finales de los años setenta, uno de los lemas que coreaban los afiliados de CiU era el siguiente: “Avui paciència, demà independència” (“hoy paciencia, mañana independencia”). En definitiva, una forma de pensar coherente con las premisas nacionalistas: si somos una nación, queremos un Estado propio. Pues bien, veinte años después, la paciencia de los nacionalistas se había acabado. ¿Qué cabía hacer?

La ocasión para dar la apariencia de que se daba un paso más hacia la independencia procedió de donde menos se podía esperar: del psc, de los socialistas catalanes, máximos rivales políticos de CiU y desdeñados desde el nacionalismo catalán como españolistas. En efecto, a principios del año 2000, tras su enésima derrota en las elecciones autonómicas del año anterior, el psc decide aliarse con Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya (IC) para proceder a una reforma del Estatuto de 1979. A los socialistas en realidad les importaba poco o nada el cambio de Estatuto; lo que les interesaba era atraerse a ERC e IC para, en su caso, poder formar con ellos una coalición que desbancara a CiU del gobierno de la Generalitat. Ello se consiguió en noviembre de 2003 con la elección de Pasqual Maragall como presidente de un gobierno tripartito de los socialistas con sus dos aliados. Con la posterior complicidad del PSOE de Zapatero –interesado, a su vez, en establecer un pacto estable con CiU en el Congreso– se llegó a aprobar en 2006 un nuevo Estatuto de Cataluña. Un Estatuto cuya aprobación fue debida a intereses meramente partidistas, no a las necesidades de reforma del sistema autonómico.

El proceso para aprobarlo fue muy tortuoso. Primero se aprobó en el Parlamento de Cataluña un proyecto plagado de obvias inconstitucionalidades. Tras su paso por el Congreso de Diputados, el texto aprobado por el Parlamento catalán quedó profundamente modificado al corregirse los aspectos más frontalmente contrarios a la Constitución. Aún quedaban, sin embargo, algunos flecos importantes sin cabida en el marco constitucional y, sobre todo, muchos preceptos redactados con tanta ambigüedad que podían dar lugar a que su desarrollo legislativo en Cataluña derivara en leyes que desfigurarían el modelo de Estado de las autonomías que trabajosamente se había ido construyendo desde 1980. Además, el Estatuto aprobado tenía una gran debilidad: no se buscó ni se contó con el apoyo del PP, que votó en contra. Mírese como se mire, que el gobierno socialista intentara pactar una reforma territorial de tal calado, y con dudas más que fundadas de inconstitucionalidad, de acuerdo con partidos nacionalistas de ámbito territorial limitado sin el apoyo del otro gran partido de alcance estatal, fue una imprudente temeridad.

 

Este error tuvo como consecuencia inmediata que el PP, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas –algunas gobernadas por socialistas– interpusieran sendos recursos de inconstitucionalidad. La pelota –mejor dicho, la patata caliente– pasaba del campo político al jurisdiccional, del acuerdo parlamentario entre partidos al Tribunal Constitucional. El error ha tenido funestas consecuencias, tanto para la organización territorial misma –se han reformado otros estatutos innecesariamente y no se han acometido las reformas que se precisan para acabar y estabilizar el modelo autonómico– como para el buen crédito del Tribunal, sometido a continuas presiones políticas y desprestigiado por unos y otros ante la opinión pública.

Un Estatuto que desborda los límites constitucionales

¿Cuáles eran los nuevos aspectos substanciales que introducía el Estatuto y en qué medida la sentencia del TC los ha invalidado?

Las pretensiones iniciales catalanas al aprobar el proyecto en el Parlamento de Cataluña iban en cinco direcciones fundamentales: declarar nación a Cataluña, convertir el Estatuto en una especie de Constitución catalana, otorgar rango estatutario a la ya vigente política lingüística, aumentar las competencias de la Generalitat y blindarlas frente al Estado y, finalmente, incluir en el Estatuto preceptos que vinculasen al Estado, es decir, que obligasen a las instituciones estatales a adoptar determinadas decisiones políticas.

El simple enunciado de estas pretensiones ya permite avanzar una primera conclusión: si nos atenemos a lo establecido en la Constitución, un estatuto de autonomía no es una norma jurídica que pueda alcanzar tales objetivos. Tres son las principales razones jurídicas que hacen inviables estas pretensiones. Primera, la Constitución establece un contenido determinado para los estatutos, como también para otras leyes, que no se puede rebasar. Segunda, un estatuto es una ley que, debido a su naturaleza, solo tiene eficacia jurídica dentro del ámbito territorial de su comunidad autónoma. Tercera, un estatuto es una norma plenamente subordinada a la Constitución, sin que el Estatuto catalán, aunque inicialmente tramitado en 1979 por la vía especial del artículo 151 de la Constitución, sea una excepción a esta regla fundamental, propia de todo Estado constitucional e, incluso, propia de todo Estado que, en definitiva, siempre es el producto de su Constitución.

Sin embargo, el planteamiento jurídico que se hacía desde Cataluña estaba basado en que el Estado de las autonomías apenas está configurado en la Constitución, es decir, en realidad está desconstitucionalizado, y donde está definido es en los estatutos. Todo ello implica que los límites constitucionales a las reformas estatutarias son imprecisos y escasos; en consecuencia, el margen para reformar los estatutos es muy amplio. A su vez, la reforma del Estado de las autonomías puede llevarse a cabo mediante la reforma estatutaria sin necesidad de cambios en la Constitución. Por otra parte, dicho planteamiento catalán incluía también la idea de que al formar parte los estatutos del llamado doctrinalmente “bloque de la constitucionalidad” gozan de una posición cuasi-constitucional dentro del ordenamiento y esta posición los convierte en invulnerables respecto de las demás leyes que concretan la distribución de competencias.

Además, la propuesta inicial catalana partía de la base que la Constitución española era, simplemente, la letra del texto aprobado en 1978, olvidando que en un Estado Constitucional como el nuestro, es decir, en un Estado con una Constitución garantizada jurisdiccionalmente por un Tribunal específico que en última instancia tiene el monopolio de su defensa jurídica, la Constitución es aquella norma que el TC considera que es. Ciertamente, la jurisprudencia constitucional puede cambiar, pero no es menos cierto que ello no es fácil, ni siquiera conveniente dada la necesidad de estabilidad constitucional y, en todo caso, debe justificarse con razones convincentes y bien argumentadas. Arriesgarse, pues, a prescindir de la doctrina constitucional establecida es peor que una imprudencia: es un error.

Si nos detenemos un poco en el contenido de las pretensiones catalanas podremos comprobar que las dos primeras, Cataluña como nación y el Estatuto como una especie de Constitución, tienen un alto contenido simbólico que enlaza con el sigiloso cambio de sentido del Estatuto de 1979 a que nos hemos referido. Según la Constitución, Cataluña solo puede alcanzar el rango de nacionalidad (art. 2 ce) y ello la diluye en el resto de comunidades, muchas de las cuales, en sus estatutos, también se han definido ya como nacionalidad. Los rasgos que caracterizan a Cataluña deben ser, pues, los de una nación para así distinguirse de las demás comunidades. Solo así, por otro lado, tendrá una relación con España de igual a igual, de nación a nación: lo que suele denominarse una relación bilateral, dando así al Estado una naturaleza confederal. Que el Estatuto tenga, además, la apariencia de Constitución por la extensión de su texto y por la inclusión de una tabla de derechos, acaba de perfilar esta imagen.

A pesar de que en la versión aprobada en el Congreso, es decir, en el vigente Estatuto, Cataluña se definiera en el artículo 1 como nacionalidad y los derechos, según jurisprudencia reciente, se redujeran a meros principios, quedaban algunos flecos que inducían a la ambigüedad en el preámbulo, en la condición de ciudadano y en los símbolos. Todo ello ha quedado perfectamente aclarado en la sentencia: Cataluña es una nacionalidad constituida

en Comunidad Autónoma, con relaciones multilaterales con el Estado y, en su caso, bilaterales con las demás Administraciones. Es decir, como en el estatuto anterior, Cataluña es una comunidad de la misma naturaleza jurídica que las demás comunidades. No se reconoce relación confederal alguna sino solo las relaciones de colaboración propias de un Estado federal.

La razón por la cual se quería elevar a rango estatutario la vigente política linguística era, simplemente, para salvaguardar una normativa con grandes dudas de constitucionalidad bajo el amparo de un estatuto. En este punto, el tiro ha salido por la culata. Al Tribunal se le ha brindado la ocasión de recordar su doctrina sobre el significado de lengua oficial y sobre los derechos lingüísticos de los ciudadanos en las comunidades bilingües y tal doctrina ha sido aplicada al articulado del Estatuto. Recuérdese que la Ley catalana de Política Lingüística de 1998 no había sido objeto de revisión por el TC. Ahora ha encontrado la ocasión. Así, el TC ha declarado inconstitucional la norma que declara al catalán como lengua oficial “preferente” respecto del castellano y ha efectuado interpretaciones conformes muy restrictivas en otros muchos preceptos referidos a la lengua que deberán incidir en la política lingüística vigente en Cataluña, en especial, en cuestiones de enseñanza, medios de comunicación, relaciones lingüísticas entre las administraciones públicas y los ciudadanos e, incluso, relaciones lingüísticas entre particulares. El resultado, pues, ha sido el respaldo del TC a una política lingüística bilingüe, ya prefigurada en la Constitución, con igualdad en la cooficialidad de ambas lenguas y la libre opción de los ciudadanos por una u otra.

En tercer lugar, el intento de aumentar las competencias y, en especial, su “blindaje” frente a las competencias del Estado, también ha sido seriamente desvirtuado por la sentencia. En cuanto a lo primero, se ha establecido la ineficacia jurídica de unos pretendidos derechos históricos singulares de Cataluña que daban un amplio campo al aumento de competencias en relación con determinados aspectos clave: el derecho civil, el sistema institucional y la proyección de la lengua y la cultura en el ámbito educativo. En cuanto al blindaje, la sentencia ha reafirmado los conceptos de competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas, hasta ahora definidos en la jurisprudencia constitucional y ha rechazado las nuevas definiciones, en sentido distinto, establecidas en los artículos 110, 111 y 112 del Estatuto. En definitiva, con esta consolidación del significado de los distintos tipos de competencia se ha impedido que desde un estatuto se determine el alcance de las competencias del Estado establecidas en el artículo 149.1 de la Constitución, algo que hubiera llegado a introducir tal grado de confusión que hubiera hecho inviable el funcionamiento del conjunto de los poderes públicos en España.

Por último, la sentencia ha declarado algo que era de una obviedad meridiana: un estatuto no es la norma adecuada para vincular a las instituciones del Estado. Sin embargo, también es cierto que en virtud de los principios de colaboración y participación, de carácter netamente federal, las comunidades autónomas –todas ellas, no solo Cataluña– pueden participar en la designación de miembros de determinadas instituciones estatales –como el TC, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España o el Tribunal de Cuentas, entre otros, enumerados en los artículos 180 y 182 del Estatuto– si así lo dispone, sin ningún condicionante, la ley estatal correspondiente. Esta interpretación salva, pues, la literalidad de determinados preceptos impugnados siempre dejando a salvo la competencia estatal exclusiva en esta materia.

En definitiva, las principales innovaciones del Estatuto catalán han sido desvirtuadas, bien mediante declaración de inconstitucionalidad, bien mediante interpretación conforme llevada al fallo o bien, simplemente, mediante interpretación en los fundamentos jurídicos que el fallo no recoge. Se puede alegar –como hacen la mayoría de los votos particulares– que se ha abusado de la interpretación conforme y que muchos de los preceptos objeto de esta interpretación hubieran debido ser declarados directamente inconstitucionales ya que el significado que se les otorga es el opuesto a su literalidad e, incluso, a eso de tan difícil determinación como es la finalidad del legislador. No les falta razón a quienes sostienen estas opiniones. Pero también es cierto que los tribunales, particularmente los constitucionales, tienen una especial deferencia con el legislador y que esta deferencia está más justificada aún en leyes del tipo de los estatutos de autonomía.

En todo caso, la sentencia es clara en aquello que deja establecido, con una argumentación sucinta en cada uno de los múltiples artículos que analiza y fundamentada, sobre todo, en la doctrina del propio Tribunal, es decir, revestida de la autoridad que da la coherencia con la jurisprudencia anterior. Además, aun teniendo en cuenta los votos particulares, en los aspectos sustanciales el Tribunal muestra un acuerdo prácticamente unánime y los motivos de las discrepancias son debidos principalmente a la alternativa entre declarar la inconstitucionalidad formalmente o salvarla mediante la interpretación conforme aunque la declare en el fondo.

Tras su excesiva tardanza, tras innumerables presiones ilegítimas e injustificables en un Estado de derecho, puede concluirse que el resultado final, sobre todo teniendo en cuenta la desidia del legislador al aprobar una ley con tal cúmulo de ambigüedades, restituye el honor de un Tribunal Constitucional sometido a una prueba muy difícil de superar, sin duda la más difícil de su historia.

Después de la sentencia, ¿qué?

El último tramo de la aprobación de la sentencia ha resultado extraordinariamente comprometido para el Tribunal. Las presiones, cuando menos las públicas, han venido especialmente desde Cataluña. En julio de 2009 se filtró que la sentencia declaraba cerca de quince preceptos inconstitucionales y otros veinticinco eran objeto de interpretación conforme. La alarma cundió en Cataluña. Empezó a circular la absurda opinión que el Estatuto era producto de un pacto político y que, por tanto, el TC no podía interferirse en dicho pacto. En consecuencia, ningún precepto podía ser declarado inconstitucional. Desde la Generalitat se presionó a los medios de comunicación y a las entidades de la llamada sociedad civil catalana para que presionaran en dicho sentido. El editorial conjunto de doce periódicos de Cataluña expresando esta opinión a fines de noviembre fue el momento culminante de tales presiones. Unos meses más tarde, ya en la recta final, el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat interpusieron recursos sin ningún fundamento jurídico serio para que el Tribunal se declarase incompetente.

Finalmente, el 28 de junio se dio a conocer solo el fallo de la sentencia (14 preceptos declarados inconstitucionales y 27 objeto de interpretación conforme) e inmediatamente, a las pocas horas del mismo día, el presidente de la Generalitat, José Montilla, hizo una declaración institucional por televisión extraordinariamente crítica con la sentencia y en la que descalificó con dureza al Tribunal. A los pocos días, el 9 de julio, se dio a conocer el texto completo de la sentencia junto con los votos particulares. La decepción en los medios oficiales catalanes fue inmediata: la sentencia era aún peor de lo esperado tras conocer el fallo. Tampoco la sentencia gustó a la prensa conservadora de Madrid. El Gobierno, el PSOE y el PP, declararon que respetaban la sentencia y mostraron su satisfacción por que el Tribunal se hubiera finalmente pronunciado. El 10 de julio, una gran manifestación, con el presidente de la Generalitat al frente, recorre las calles del centro de Barcelona. El lema que la presidía era: “Som una nació, nosaltres decidim” (“Somos una nación, nosotros decidimos”). A lo largo de la marcha (un millón y medio de personas según lo organizadores, 425.000 según el diario El País y 64.000 de acuerdo con las mediciones de la empresa especializada Lynce) dominaron las proclamas, pancartas y gritos en favor de la independencia de Cataluña.

En la prensa catalana de los días siguientes se especuló sobre el futuro del nacionalismo catalán. Para unos, la opción nacionalista mayoritaria ya no era la autonómica, ni siquiera la federal-asimétrica o confederal, sino la independentista. Algunos sondeos de opinión, muy contradictorios entre sí, señalaban que el independentismo alcanzaba el 48% de la población. Unas cifras que nadie se creyó en Cataluña. Desde hace muchos años, todos los que llevamos de democracia, el porcentaje de independentistas ha oscilado entre el 18-20 % de los catalanes. Ni la debacle del Estatuto ni la sentencia añadirán muchos más; lo más probable es que el nivel siga igual. Quizás la única novedad al respecto es que al tradicional independentismo basado en la identidad se le añade ahora un independentismo de base económica y social: “Con la independencia, los catalanes viviremos mejor”, se sostiene. En definitiva, un independentismo más parecido al de la Liga Norte italiana que al catalanismo tradicional, basado en el tan famoso como dudoso déficit fiscal.

No creo que este independentismo arrastre a muchos catalanes: separarse de España no tiene consenso social y, además, tiene evidentes riesgos. Por tanto, lo más plausible, a poco que se contengan las emociones y se utilice más el cerebro que el corazón, es que las elites dirigentes catalanas, pasado el trauma de los años estatutarios, se inclinen por intervenir en la política española propugnando cerrar el modelo autonómico en clave federal. Lo que se pretendía con un nuevo Estatuto era asegurar que el Estado no interfiriera en las competencias de la Generalitat y, a su vez, que la Generalitat participara en las decisiones del Estado. “Lo mío, mío; lo tuyo, de los dos”. Es evidente que este planteamiento, por razones obvias, no podía ser viable.

Ahora el planteamiento debería ser más inteligente: plantear un modelo federal en el cual, mediante los procedimientos propios de este tipo de Estado, Cataluña, como comunidad autónoma, participe junto a las demás comunidades en la adopción de decisiones estatales a través del Senado, de la Conferencia de Presidentes, de las comisiones mixtas Estado-comunidades autónomas y de los demás instrumentos propios del federalismo. Para ello se requerirían dos cambios. Primero, impulsar una reforma federal del Estado, mediante una revisión de la Constitución si es preciso. Segundo, dejar de lado las obsesiones identitarias y pasar página al modelo de catalanismo pujolista aún vigente. Ello solo será posible implicándose en el gobierno de España y así participar también, a través de las instituciones españolas, en el gobierno de Europa.

 

Por el momento, sin embargo, estas preocupaciones no figuran en el programa inmediato de los principales partidos catalanes. A excepción de los minoritarios PP y Ciudadanos, los demás partidos parlamentarios están todavía ligados a la absurda aventura del nuevo Estatuto de 2006, ahora desvertebrado por la sentencia del Tribunal Constitucional. Para que estos partidos mayoritarios reorienten el rumbo deberían llevar a cabo un giro casi copernicano que solo el psc está en condiciones de afrontar a medio plazo. En las elecciones autonómicas de otoño los ciudadanos catalanes deberían dar un mandato claro a la clase política catalana para que rectifique la política de los últimos tiempos y plantee de una vez los problemas reales con los que se debe enfrentar Cataluña. ~

Fuente: Letras Libres

Ciudadanos denuncia las mentiras de la Diada del 11-septiembre

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C's asegura: 'El 11-S es un día de exaltación patriótica basado en un falso mito'

Ciutadans (C's) ha publicado un vídeo en el que denuncia “las mentiras del 11-S y el uso que hacen de ellas el resto de formaciones políticas”.

Entre otras cosas, C's destaca que “el 11-S es un día de exaltación patriótica basado en un mito falso”: “El nacionalismo considera que el 11 de septiembre de 1714 Cataluña pierde sus libertades y se somete a una España invasora, unas libertades que entonces no existían porque todavía no se había inventado la democracia”.

“Dicen además que llegó un rey español a Cataluña, que en realidad era francés, para prohibir a una sociedad analfabeta a aprender en catalán en una escuela que no existía”, matiza C's.

Además, C's señala que “el resto de partidos catalanes hacen ofrenda a Rafael Casanova, considerado un mártir por el nacionalismo, cuando ni fue un héroe ni murió en combate, sino que murió a los 83 años y habiéndose pasado al bando que quienes le rinden homenaje consideran enemigos”.

C's recuerda que, por esta razón, no acudirá a la ofrenda floral a Rafael Casanovas ni a ningún otro acto oficial, y que celebrará un acto alternativo el mismo 11-S en la avenida Josep Tarradellas, junto al monumento de Tarradellas, a las 12:00 horas bajo el lema “Convivencia Sí, Independencia, no”.

Más información sobre las mentiras del 11-S: La verdadera historia del 11 de septiembre de 1714

Ciutadans convoca al acto del 11-S con el lema: 'Convivencia sí, independencia no'

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El presidente de C's ha anunciado que 'C's ha enviado sendas cartas a PSC y PP para que se sumen al acto'

El presidente de Ciutadans (C’s) y candidato a la presidencia de la Generalitat, Albert Rivera, ha presentado, junto al director de campaña de C’s, José Manuel Villegas y la diputada Carmen de Rivera, el acto que celebrará C’s el próximo 11 de septiembre a las 12:00 horas ante el monumento de Josep Tarradellas en la avenida Josep Tarradellas con el lema: “Convivencia Sí, independencia, no”, en el que participarán destacados miembros de C’s como el catedrático de derecho constitucional Francesc de Carreras.

Rivera ha explicado que “con este lema C’s presenta su modelo de sociedad” y ha defendido: “La Diada debe ser un día festivo y de convivencia no de enfrentamiento y de reivindicaciones identitarias, que es en lo que se ha convertido el 11-S en manos de los nacionalistas e independentistas”.

“Con nuestro acto queremos representar a toda esa mayoría de ciudadanos que ven como ‘su Diada’ ha pasado a tener el objetivo de ensalzar la independencia, de levantar fronteras, de enfrentar Cataluña y el conjunto de España como si fueran cosas distintas cuando son cosas complementarias. La Diada debe ser de todos; debemos sumar no restar”, ha añadido Rivera.

En este sentido, Albert Rivera ha recordado que “C’s reivindica cada año que la Diada sea el día de Sant Jordi, no el 11-S, porque es el día que realmente representa el civismo” y ha anunciado que C’s ha enviado sendas cartas al PSOE y al PP para que se sumen al acto que C’s celebra por quinto año consecutivo. “Queremos que PSOE y PP apoyen este acto de convivencia al margen de sus siglas y de electoralismo y con el tiempo podamos tener por fin una Diada donde todos los ciudadanos, constitucionalistas o independentistas, se sienten juntos al margen de sus ideales y de la lengua que hablen”, ha explicado Rivera.

Rivera ha criticado que “la Generalitat haya convertido el 11-S en un día contra la sentencia y lengua”: “No tiene sentido que 30 años después de la transición se defienda el catalán, una lengua que es oficial y que está plenamente normalizada, de la misma forma que no tendría sentido celebrar un día por la defensa del castellano, porque no hay una situación de peligro para ninguna de las dos lenguas. Los derechos son de las personas no de las lenguas”.

En este sentido, Rivera ha recordado que C’s presentó ayer un escrito en el Departamento de Educación para instar al Govern a ejecutar la sentencia del Constitucional y ha declarado: “Lo que debería hacer Montilla es cumplir la sentencia y no convertir la lengua en un arma para enfrentar a la sociedad”.