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El último producto salido del laboratorio de ingeniería social del catalanismo político, que en el sector cultural dirige hábilmente el conseller Joan Manuel Tresserras, es el anteproyecto de ley del cine catalán. Y al igual que en todos los ámbitos que tocan, sean públicos o privados, nos dicen cómo tenemos que vivir con un dirigismo sociocultural sospechoso de contener elementos de inspiración totalitarista.
Al parecer, el anteproyecto obligará que la mitad de los filmes doblados o subtitulados de los que se distribuyan más de quince copias estén en versión catalana. Las sanciones para quienes incumplan esta nueva imposición lingüística serán de un importe que va desde los 4.000 a los 75.000 euros.
Lo justifican con dos argumentos, potenciar el catalán y poner remedio a una situación de desigualdad. En el primer caso, sabemos por diversos estudios e indicadores sociolingüísticos que el catalán goza de una salud magnífica. En el segundo caso, la desigualdad no es más que una consecuencia de la ley de la oferta y la demanda circunscrita, como es lógico, únicamente al sector privado. ¿Se atreverían a proponer una ley que obligara, bajo sanción económica, a La Sexta o a Planeta a emitir programas y publicar libros al 50% en catalán? ¿Acaso no se dan cuenta de que con el manido (y falso) pretexto de la “lengua débil” llaman “fomento” a lo que en realidad es una imposición coercitiva en toda regla? ¿Acaso no se dan cuenta de que es un ataque frontal a la Libertad individual de los Ciudadanos? Parece que no se enteran. O sí, y les importa un comino, porque está claro que los partidarios de esta iniciativa creen que “su patria catalana” está por encima de las personas, echando por tierra siglos de lucha por los derechos individuales.
La misma falta de respeto se muestra hacia la libertad de las empresas que conforman la industria cinematográfica (productores, distribuidores, exhibidores) que se juegan sus dineros y que deberían poder tener DERECHO A DECIDIR en qué proporción doblan en castellano y en catalán. ¿Acaso la Generalitat sabe mejor que ellos cómo deben llevar su negocio?
Parece claro que esta iniciativa legislativa constituye una nueva excusa para imponernos un modelo de sociedad planificado sin el concurso de la ciudadanía, con el que, una vez más, somos tratados como menores o incapaces de discernir. Aunque, dicho sea de paso, si ponemos la lupa en las subvenciones, algunos pasarán por el aro de lo que les pida la Generalitat con tal de salvar las cuentas. Como decimos en catalán: «Pagant, Sant Pere canta».
Analicemos la llamada anomalía de la escasa exhibición de cine en catalán con un ejemplo reciente que ha llevado a cabo una destacada empresa del sector audiovisual actuando como colaborador de estos ensayos de ingeniería social disfrazados de cultura. Hace dos años, el prestigioso director de cine estadounidense Woody Allen realizó una película producida por Jaume Roures. La empresa de Roures, Mediapro, fue generosamente subvencionada desde todas las instituciones públicas. Así, el ayuntamiento de Barcelona colaboró con un millón de euros, la Generalitat de Cataluña con medio millón (parte del dinero aportado por la entonces Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació y parte aportado por la Conselleria de Innovació, Universitats i Empresa), y el Ministerio de Cultura, que también se unió a la fiesta (Carmen Calvo mediante), con una subvención del 15% de la recaudación bruta de la taquilla. Estos datos fueron publicados en un artículo de El Periódico de Cataluña (día de 5 de julio de 2007) titulado de modo muy apropiado: «La película de Woody Allen batirá el record de ayudas públicas».
Como todos recordamos, una de las varias polémicas que desató la película vino motivada porque sólo iba a ser proyectada en catalán. El que quisiera verla en castellano debería acudir a los cines de otra Comunidad. Esa era una de las condiciones de la subvención otorgada por la Generalitat de Cataluña a través de la Consellería que ahora nos asalta con este anteproyecto de ley. Sin embargo, bien sea porque Jaume Roures se cayó del caballo, bien porque al final «la pela es la pela», se inició la exhibición de la película en salas que proyectaban la película doblada al castellano.
Veamos con más datos lo que sucedió a partir del 19 de septiembre de 2007, fecha del estreno de “Vicky Cristina Barcelona”. Se distribuyeron 41 copias dobladas al catalán, 15 en versión original, subtituladas en castellano, y 5 dobladas al castellano. Pese a un esfuerzo de oferta tan amplia, con medios muy superiores a los habituales, tal empeño fue sin embargo calificado como un patinazo de Woody Alllen debido a la escasa demanda de la versión en catalán, y consecuente escasa rentabilidad. Sigamos con los números. La versión castellana recaudó 52.008 euros, la versión catalana 10.565 euros y la versión original 13.447 euros. En el artículo que publicó estos datos se afirmaba sin tapujos que «una mayor distribución en castellano hubiera significado un mayor éxito global de la película en taquilla». Pues bien, todo indica que este episodio se repetirá. Y entonces habrá que escuchar atentamente a los afectados. Pero como nuestra postura se basa claramente en no repetir experimentos fallidos, desde Ciudadanos y su grupo parlamentario rechazaremos el anteproyecto de ley del cine catalán por el intervencionismo en una industria que precisa apoyo y no trabas y porque no existe ningún derecho subjetivo que ampare la exigencia de exhibición de películas en catalán. Como nos parece aberrante la insistencia del Tripartit en las absurdas multas lingüísticas, bajo el pueril señuelo victimista de la «lengua débil», presentaremos una enmienda a la totalidad.
Los que dicen defender la lengua catalana deberían tener presente que imponer usos lingüísticos en el ámbito privado por decreto nunca ha funcionado.
Carmen de Rivera, Diputada de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, y miembro del Comité Ejecutivo de C's
