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FÉLIX OVEJERO Profesor de la Universidad de Barcelona
(ABC) .- Muchos de quienes apoyaron el editorial conjunto de los periódicos catalanes negaron que constituyera una presión o coacción al Tribunal Constitucional. Se equivocaban, al menos para la teoría del lenguaje, curso primero. Una amenaza es un «argumento» muy especial. Se sostiene a pulso, en su propia invocación. No proporciona razones o las proporciona de manera esquinada. La «razón» básica, aunque no la única, para atenderla es el hecho mismo de que quien la esgrime advierte de que si no se le hace caso actuará de determinada manera. Si un editorial de este periódico afirma que «Estados Unidos podría responder si se siente provocado» está emitiendo una opinión más o menos argumentada, más o menos avalada por datos y razones. Si quien lo dice es Obama no estamos ante una opinión, sino ante una amenaza. El paso de la tercera persona a la primera convierte a la opinión en una coacción y ese paso estaba atado a la decisión misma de firmar un editorial colectivo. No era un editorial de un periódico que los demás aprobaban, sino un editorial que firmaban periódicos catalanes en tanto que catalanes y que hablaba, desde la primera línea, en nombre de la sociedad catalana, de una sociedad catalana que por medio del texto nos avisaría de lo que puede pasar si no se atienden sus requerimientos. Así las cosas, resultaban inevitables la prosa enaltecida y los sujetos imposibles, que empezaban, aunque no acababan, con la apelación a «La dignidad de Cataluña». Dignidad nacional, supongo.
Otra cosa es que la amenaza resulte creíble, que tenga fundamento. ¿A nadie le llama la atención que mientras los catalanes nos mostramos indiferentes -el único desapego perfectamente identificado- a los problemas de nuestros políticos, y sobre esto sobran los datos bien contrastados, la «sociedad civil catalana» se agite y, prietas las filas, suscriba proclamas como las recogidas en el editorial? (Para las dudas, véase, por ejemplo, el trabajo de Martínez-Herrera y Thomas Milley, "The Constitution and the politics of nacional identity in Contemporary Spain", a punto de aparecer en Nations and Nationalism), que confirma el sólido, y creciente, apoyo de los catalanes al pacto constitucional del 78, más allá de la «desafección» de sus élites políticas).
Algún día habrá que preguntar a la llamada «sociedad civil catalana» lo que ya deberíamos haber preguntado a la identidad: «¿hay alguien ahí?». Alguien más, claro, que los que pasan lista a los abajo firmantes y el que reparte las regalías, que vienen a ser los mismos. Que ese singular ecosistema es impermeable a lo que dice -o calla- la sociedad real catalana lo confirman sus lecturas eufóricamente nacionalistas de los resultados del reciente «referéndum», lecturas que deben estar haciéndose estremecer en su tumba a Galton y Pearson, los fundadores de la estadística social. A pesar del fracaso, al día siguiente, y desde entonces sin tregua, una batería de comentaristas, impermeables a la evidencia empírica, avisaban de que la larga marchar era imparable. Pierden por 10 a 0, pero ellos siguen haciendo la ola, como si tal cosa. Ateniéndose al guión.
Anticipo que no son pocas las perversiones del ideal democrático que andan por detrás de lo que está pasando con esa sociedad civil que responde a toque de pito. Algunas bastante inmediatas. Se imaginan que como presidente de mi comunidad de vecinos, elegido para cambiar las bombillas y poco más, yo anunciara públicamente que «los vecinos de Consell de Cent están a favor de la renta básica y del impuesto de sucesiones». Pues algo parecido hicieron muchos de los que suscriben el editorial, empezando por el inefable presidente del Barça, cada vez más Gil y Gil. Yo tengo un amigo, periodista colegiado, del Barça y colombiano de origen, que se abstuvo de votar el Estatut y que descubrió que había votado a favor del editorial. Tres veces: como culé, como periodista e incluso, ya ven, a cuenta de la «Fundación de Ateneos Colombianos». Empachado de sociedad civil.
Que la amenaza no resulte creíble no impide, sin embargo, que sea una amenaza. Sobre eso está casi todo el mundo de acuerdo. En primer lugar no pocos de los destinatarios. Se ha impuesto entre gentes de «Madrid» que uno conoce una resignada interpretación según la cual el Estatut es una insensatez, pero es una insensatez todavía mayor declarar su parcial inconstitucionalidad. Repárese en que las dos insensateces no son de la misma naturaleza. La primera es esencial: sencillamente alguna parte del texto es incompatible con la Constitución. Sobre eso nadie tiene duda informada y menos que nadie el Tripartit. Hasta Pérez Royo, tengo para mí. La otra insensatez es táctica, prudencial: si nos oponemos, será peor. Algo que saben bien los políticos nacionalistas. Desde hace mucho. Ellos proponen cosas desatinadas, a la luz de lo que dijeron ellos mismos no hace tanto tiempo, y sostienen que si no se aceptan sus propuestas, se va a liar una muy gorda: puro chantaje. En esos términos, ante el dilema entre la propuesta y el lío gordo, que no tiene otro sostén que su propia amenaza, ellos aparecen como moderados. Naturalmente, al poco tiempo, como ven que el método funciona, vuelta a empezar. El delirio de un día se convierte en el punto de partida innegociable del siguiente. Y en esa estamos y, que nadie se engañe, estaremos pase lo que pase con el Estatut. No especulo. Lo muestra el cómo hemos llegado hasta aquí y lo anticipan las declaraciones de los nacionalistas en las que ya dan el Estatut por amortizado. Tiren de Google si tienen dudas.
Pero que los nacionalistas adopten la estrategia del lío gordo no resulta asombroso. Les ha servido y está en la naturaleza insaciable de un proyecto político basado en la conquista, paso a paso, sin tregua, de un ámbito de soberanía. Lo inaudito es que apelen a la amenaza otros que se refieren a ella como si fueran sus víctimas pero, a la vez, actúan como sus protagonistas y pregoneros. Según ellos no cabe oponerse a una (supuesta) mayoría, a un sentimiento mayoritario. La tesis se escucha mucho por aquí y presenta dos versiones. La primera entre gentes del PSC-PSOE, empezando por el presidente de la Generalitat. Ellos invocan, como base de sus opiniones, a la mayoría para unirse a la mayoría. Como si sus propuestas no fueran con ellos. No dan razones independientes, como sucede con Convergencia o ERC. Estos primero «justifican» sus puntos de vista identitarios y, más tarde, extraen las implicaciones políticas. Con independencia de la solvencia analítica de sus puntos de vista, ese proceder resulta impecable estratégicamente. Los socialistas catalanes van a su aire. Ellos no dicen que lo que defienden esté bien o mal, sino que es lo que dice la mayoría. Una mayoría que no existiría si ellos no se sumaran a ella.
La otra versión es más llamativa por su procedencia. Se da entre algunos opinadores catalanes que han dejado escrito negro sobre blanco que el Estatut tiene graves problemas de constitucionalidad y que no responde a las preocupaciones de los catalanes y que, apenas unos meses más tarde, no apelan a otro argumento que al del lío gordo. Por acortarlo: sostienen que algo no resulta defendible, y que los catalanes no lo defienden, y, a la vez y sin un instante de sonrojo intelectual, que no hay que oponerse a ello, es más, que quien se opone es un irresponsable. Toma ya, principio de contradicción. Y toma ya, independencia de criterio. La puta y la Ramoneta, que decimos en Cataluña.
Y ahora navegantes, si tienen un momento, relean el editorial, al menos su último párrafo, ese que comienza: «Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad». Avisados quedan.
